La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de imponer una contribución adicional 2% sobre las ventas brutas de energía de hidroeléctricas y térmicas, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), provocó el rechazo de los actores del sector energético. La medida, que estará vigente durante seis meses ante la declaratoria de emergencia económica y climática en ocho departamentos, amenaza el flujo de caja de las empresas generadoras y plantea el rie...