La Justicia uruguaya había ordenado hace dos años y medio la mejora de las condiciones en la cárcel de mujeres del país, pero el Ministerio del Interior no cumplió con este mandato. Las reclusas, que superan las 800, continúan enfrentando hacinamiento, problemas sanitarios y eléctricos, así como una falta de personal adecuado. La situación se agravó tras un recurso de habeas corpus presentado por funcionarios de la cárcel, que buscaban proteger la dignidad de las internas. El gobierno uruguayo está preparando la mudanza de las reclusas a una nueva cárcel en Punta de Rieles, que se espera comience a operar el 4 de mayo. A pesar de este cambio, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, advirtió que los problemas persistirán, especialmente el déficit de personal, que se corregirá de manera gradual. Actualmente, la cárcel, que tiene capacidad para 470 internas, alberga a 820, y la población femenina en prisión ha crecido a un ritmo tres veces mayor que la masculina desde 2018. El déficit de funcionarios impacta en la vida cotidiana de las internas, afectando su acceso a la salud y a actividades educativas y laborales. La falta de personal en el área técnica y operativa ha generado demoras en consultas médicas y traslados, lo que agrava aún más la situación. Aunque el Ministerio del Interior reportó mejoras en las instalaciones, estas no han sido reconocidas por la Justicia.
