La disputa entre el Gobierno de La Rioja y sus acreedores ha escalado en los tribunales de Nueva York. Los bonistas, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, han solicitado la ejecución de activos estratégicos de la provincia, incluyendo participaciones en el Banco Rioja y en el Parque Eólico Arauco (PEA), para cumplir con fallos judiciales por incumplimiento de pagos. Esta presentación ante la Corte del Distrito de Massachusetts aumenta la presión sobre la administración de Ricardo Quintela, que se encuentra en default desde 2024. Los acreedores, que poseen bonos verdes al 8,5% con vencimiento en 2028, argumentan que buscan aplicar acciones de la provincia en estas empresas para satisfacer sentencias obtenidas en Nueva York. De prosperar la solicitud, La Rioja tendría que entregar las acciones a los bonistas, quienes podrían venderlas. Desde su default, la provincia ha dejado de pagar US$16 millones en capital, convirtiéndose en la primera provincia argentina en caer nuevamente en cesación de pagos tras haber reestructurado su deuda. Además, el incumplimiento se ha extendido a cuatro pagos semestrales adicionales. Los bonistas critican la gestión fiscal de Quintela, señalando que la provincia no tenía necesidad de incumplir sus obligaciones. A pesar de haber vendido un parque eólico por US$171 millones, los ingresos de esa venta no se destinaron a saldar deudas.
