Relatora de la ONU denuncia la “absoluta impunidad” del régimen Ortega y el cierre total del espacio cívico en Nicaragua

La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación para organismos internacionales, ocho años después de la Rebelión de Abril de 2018. Las denuncias de represión, impunidad y la anulación de libertades fundamentales se mantienen sin cambios significativos. Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, destacó en una reciente entrevista que existe una “absoluta impunidad” por los crímenes cometidos durante y después de las protestas sociales. Según ella, el derecho a la reunión pacífica y la protesta ha desaparecido prácticamente, describiendo el contexto actual como “una asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico”. Romero explicó que, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han anulado las libertades de asociación, protesta y participación cívica a través de un sistema de persecución institucionalizada. Esto se traduce en la falta de investigaciones independientes y en la ausencia de procesos penales contra los altos mandos responsables de ejecuciones extrajudiciales. Además, mencionó que el régimen ha blindado a los responsables mediante leyes de amnistía y la manipulación del sistema judicial, lo que ha dificultado la búsqueda de justicia para las víctimas. Entre 2018 y 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la cancelación de más de 5.