Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes junto con ciudadanos estadounidenses y entidades legales presentaron este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear la prohibición de visas que afecta a ciudadanos de 75 países. La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal en Manhattan y apunta directamente contra el secretario de Estado Marco Rubio y el Departamento de Estado.La demanda sostiene que la medida constituye una prohibición categórica de inmigración legal basada exclusivamente en la nacionalidad y que se apoya en argumentos infundados. Según la política anunciada en enero y puesta en marcha semanas después el gobierno suspendió la aprobación de visas para ciudadanos de países que de acuerdo con la administración presentan un alto riesgo de que sus inmigrantes dependan de ayudas sociales financiadas por el Estado.El Departamento de Estado justificó la decisión afirmando que muchos inmigrantes de esos países “toman asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables” y que con frecuencia se convierten en “cargas públicas”. Sin embargo la demanda califica esas afirmaciones como “no respaldadas y demostrablemente falsas”. Los demandantes señalan que la mayoría de las personas que solicitan visas de inmigrante no son elegibles para recibir asistencia económica federal durante varios años aun después de obtener la residencia legal.Más del 85 por ciento de los países incluidos en la prohibición no son europeos y cuentan con poblaciones mayoritariamente no blancas. Para los abogados que impulsan el caso ese dato no es casual. Sostienen que la medida guarda un inquietante paralelismo con los antiguos sistemas de cuotas migratorias por origen nacional que rigieron en Estados Unidos durante la década de 1920 y que fueron eliminados en la era de los derechos civiles por su carácter discriminatorio.“La justificación es un pretexto para restringir la inmigración legal más allá de lo que permite la ley aprobada por el Congreso” señalaron los demandantes. A su entender la política busca reinstalar de facto criterios raciales que el sistema migratorio estadounidense abandonó hace décadas.El impacto humano de la prohibición ocupa un lugar central en la demanda. Entre los demandantes se encuentra un ciudadano estadounidense de Long Island que quedó separado de su esposa y su hija menor luego de que la visa de su cónyuge fuera rechazada bajo la nueva normativa. La familia había viajado a Guatemala para completar una entrevista consular y allí fue informada de que la mujer no podría regresar a Estados Unidos. La hija menor que aún está en período de lactancia y padece síndrome de Turner permanece en Guatemala con su madre pese a necesitar atención médica especializada que no está disponible en ese país.Otro de los casos citados es el de un ciudadano estadounidense residente en Rochester que no puede reunirse con sus dos hijos adolescentes a pesar de que sus peticiones de visa habían sido aprobadas y las tasas correspondientes ya habían sido abonadas antes de la entrada en vigor de la prohibición.La demanda también incluye el testimonio de un reconocido médico colombiano y endocrinólogo que esperaba continuar su trabajo de investigación en la Facultad de Medicina de Harvard. Según explicó la suspensión de su visa no solo afecta su carrera profesional sino que también frena investigaciones vinculadas al tratamiento de distintos tipos de cáncer incluido el cáncer de mama.Desde el punto de vista legal los demandantes argumentan que el Congreso nunca autorizó prohibiciones generales por nacionalidad ni evaluaciones automáticas que presuman que una persona será una carga para el Estado por su origen. Recuerdan que intentos previos de ampliar la definición de “carga pública” como ocurrió en 2019 fueron bloqueados por múltiples tribunales federales tras demandas similares.La presentación judicial sostiene además que la administración está aprovechando los tiempos prolongados del sistema judicial para aplicar políticas que aunque posiblemente inconstitucionales generan efectos inmediatos y difíciles de revertir como la separación de familias y la paralización de proyectos de vida ya encaminados.
