La administración del presidente Donald Trump autorizla construcción de un cable submarino que conectará a Puerto Rico con República Dominicana. La obra de ingeniería permitirá un intercambio de, por lo menos, 700 megavatios para ambas direcciones y también fortalecerá la seguridad energética de esta región del planeta. El anuncio oficial se hará en febrero y se estima que tendrá una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares.
Rafael Vélez Domínguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico aclaró al medio boricua queya se recibió “la no objeción del Departamento de Estado y el Departamento de Guerra (Defensa)",y que confían en que el permiso presidencial llegará en cualquier momento.
¿Cuándo se daría la luz verde a este importante proyecto?
El medio local adelantó que esta medida sería ratificada el 17 de febrero en un evento que contará con la presencia de Abidaner, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y altos funcionarios del gobierno estadounidense.
Por el momento, el estado de actualización del permiso presidencial no figura como autorizado y se puede apreciar que aparece con la leyenda “pendiente” de determinación, señalaron.
En esta línea,Vélez aseguró a El Nuevo Día que cuando se complete el proceso federal, se continuará con la compra de los equipos que se encargará de la construcción del enorme cable que surtirá energía en ambas direcciones.
En la República Dominicana, se contempla la conexión con la nueva planta de gas natural, proyecto que contaría con la participación de Caribbean Transmission Development Co., LLC (CTDC, por sus siglas en inglés). Por otro lado, en Puerto Rico, la integración de una conexión se efectuará a través de la subestación ubicada en Mayagüez.
La propuesta abarca no solo la adquisición de las herramientas esenciales para construir la planta y el cableado, sino que también implica una profundización del acuerdo ya existente con la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente en lo relativo a la compraventa de energía.
De este modo se esperan los respectivos permisos otorgados para ambas naciones que deberán regirse a normativas ambientales por medio de un aval denominado Negociado de Energía.