El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pidió retirar de las plataformas digitales 86.275 pisos turísticos ilegales y de temporada en toda España. La medida apunta a anuncios que no cumplen los requisitos legales vigentes.
La notificación obliga a las plataformas a eliminar los anuncios de forma inmediata. El Ministerio remarcó que estos inmuebles “se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez”.
Dónde se concentran los pisos turísticos ilegales
Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el ranking de pisos turísticos ilegales con 21.872 solicitudes de registro revocadas. Es la cifra más alta del país.
Le siguen la Comunidad Valenciana con 14.387, Canarias con 13.726, Cataluña con 13.350 y la Comunidad de Madrid con 5.893 solicitudes denegadas.
Las ciudades más afectadas por la retirada de anuncios
A nivel municipal, Madrid encabeza la lista con 5.344 solicitudes revocadas para uso turístico. Barcelona aparece en segundo lugar con 5.005 denegadas.
Detrás se ubican Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874) y Málaga (1.845). También figuran Torrevieja, San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona.
El Ministerio subrayó especialmente el caso de Málaga, ya que “incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”.
Alquiler turístico vs alquiler de temporada
De las 412.253 solicitudes de registro presentadas, 320.620 corresponden al alquiler turístico. Esto representa el 78 % del total.
El Ministerio señaló la “anomalía” de la Comunidad de Madrid, donde el 83 % de las solicitudes se vinculan a vivienda de temporada, con 21.978 pedidos.
Qué cambió desde julio y por qué impacta ahora
Desde julio es obligatorio contar con un código oficial para comercializar alquileres de corta duración. El código lo otorgan los Registradores de la Propiedad.
Ese registro se comparte con las plataformas mediante la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin ese paso, el anuncio es ilegal.
Con esta exigencia, el Gobierno busca reducir los pisos turísticos ilegales, ordenar el mercado y aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda.