A través de un real decreto, en fase final de tramitación, el Gobierno impondrá mayores exigencias de información a las entidades financieras. Esto afectará tanto a particulares como a autónomos y empresas que reciben pagos mediante tarjetas, Bizum o PayPal.
Hacienda exige declarar los pagos que superen cierto monto
Las entidades emisoras de tarjetas (crédito, débito y medios de pago similares) deben presentar un informe anual obligatorio a Hacienda con los siguientes datos:
Esta información será remitida de forma sistemática, con el fin de controlar el uso intensivo de pagos electrónicos que puedan ocultar ingresos no declarados.
Además, se establece que las entidades financieras deberán informar mensualmente de todos los cobros realizados a través de Bizum, PayPal u otras plataformas, aunque el importe sea inferior. Este cambio busca obtener un mayor control sobre movimientos recurrentes o fragmentados, utilizados con frecuencia para eludir la fiscalidad.
Qué implicaciones tiene para autónomos y pequeñas empresas
La medida afectará especialmente a los autónomos y negocios que operan en efectivo reducido, como tiendas online, comercios, profesionales independientes y empresas de servicios.
A partir de 2026, se aplicará el primer ejercicio de control basado en los movimientos de 2025. Esto permitirá a la Agencia Tributaria disponer de una visión detallada de los ingresos percibidos por medios digitales, sin necesidad de requerimientos individuales.
Los expertos advierten que será clave:
Por qué se implementa este control sobre los pagos con tarjeta
El objetivo principal es reducir la economía sumergida y fomentar una tributación más justa. En palabras del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema busca “adaptarse al contexto digital y garantizar una mayor equidad fiscal mediante controles automatizados y no invasivos”.
La medida también responde a una directiva europea que impulsa a los Estados miembros a mejorar la transparencia en las operaciones digitales, especialmente tras el incremento del comercio electrónico y la diversificación de plataformas de pago.
Con esta iniciativa, España se alinea con otros países que ya implementan informes automatizados sobre pagos electrónicos, y que exigen a las entidades financieras mayor implicación en la lucha contra la evasión.