Este jueves, en una actividad organizada desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores participaron de un conversatorio por la reforma laboralen un panel frente a empresarios, PyMES, emprendedores y comerciantes, para resolver las dudas que surgen del proyecto que se tratará en las próximas semanas.
La oradora principal fue la senadora y jefe de bloque de LLA, Patricia Bullrich, quien se encargó de explicar los detalles técnicos del proyecto; y el diputado Guillermo Montenegro, quien dio un análisis político del Congreso. También participó el analista económico Claudio Zuchovicki, que habló de la “gestión del cambio”.
Formó parte de una actividad pensada desde el propio partido en la Ciudad de Buenos Aires, con la diputada Pilar Ramírez, su titular, a la cabeza, a quien se sumó Karina Milei, como presidenta de la fuerza a nivel nacional. Además, estuvieron el diputado nacional Alberto Benegas Lynch y el senador Pablo Cervi.
Las fuentes consultadas prefirieron proteger los nombres de los invitados, pero El Cronista pudo reconstruir que fueron alrededor de 300 empresarios desde sectores de la industria textil, una cadena de gimnasios y dueños de productores de artículos para el hogar, tecnológicas e incluso una reconocida mueblería entre otros. “Emprendedores y empresario que mueven la economía real en la Ciudad”, ilustraron a este medio.
“Respecto a la actividad sindical, vamos a poner infracciones gravísimas para los bloqueos y las tomas. El año pasado, que me tocó a mí estar en el ministerio de Seguridad, tuvimos 160 intentos de toma y con el protocolo antibloqueo, que es menos famoso, esas 160 no pudieron ser tomadas”, celebró Bullrich, seguido de aplausos desde el público.
En el proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger impulsó varias medidas para reducir el poder de fuego de los gremios, los cuales fueron resentidas por el sector y aún aguarda un final incierto sobre si terminarán prosperando.
Entre ellas, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes sindicales, la reglamentación del derecho a huelga, las modificaciones a los convenios con la caída de la ultraactividad y la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad, y ante todo la ampliación de los servicios esenciales para amortiguar y reducir la presión que ejercen los gremios sobre las medidas de fuerza.
La cuestión transversal es la reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias tanto para empresas grandes (de 35% a 31,5) como a PyMES (30 al 27%), que es arduamente discutida por los gobernadores ya que se trata de un impuesto coparticipable y, por ende, aveninan una caída de los recursos de las provincias.
También se destacó como centro de inquietud para los empresarios el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo de cese que se conformaría por el 3% de las contribuciones que pagan los empleadores al ANSES y que el proyecto propone que, en cambio, se destine a un ahorro obligatorio para compensar el pago de indemnizaciones.
Si bien en el sector lo ven con buenos ojos, hay cuestionamientos sobre el aspecto técnico que no cierran, y temen que se convierta en un esquema de doble costo financiero, ya que además la medida no aplicaría para los empleados ya contratados (no es retroactivo). A su vez, hasta la reglamentación no se sabría quién y cómo se podría administrar el fondo, por lo que el escenario es incierto sobre su implementación.
Hay otros temas que generaron controversia entre los empresarios. Uno tiene que ver con que proyecto le quita la obligatoriedad a los aportes patronales de las Cámaras Empresariales, contemplado en el artículo 128.
También cuestionares referidas a la ultraactividad, ya que desde las empresas advierten que los convenios no pueden caer de un día para otro ya que, en ese caso, generaría más caos que soluciones.
Desde el lado de lo beneficioso para las PyMES, en el Gobierno ponen foco en lo que es el retoque sobre las sentencias judiciales. “Lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas y que los empresarios se animen a contratar gente sin el miedo a una sentencia arbitraria”, ha alegado en varias ocasiones la senadora Bullrich.
Este punto es especialmente celebrado por PyMES como una forma de evitar que una condena laboral “mate” financieramente a una empresa chica, pero temido por sindicatos como un paso hacia un sistema que amortigua sanciones empresariales.