El proyectode reforma laboral que hoy impulsa el oficialismo incluye algunos apartados sobre nuevas modalidades laborales, desde el home office hasta los empleos de plataforma. Pero ¿alcanza con un par de párrafos y algunas regulaciones para darle a la iniciativa una pátina de modernidad, o deberían impulsarse cambios mucho más de fondo alrededor de esas figuras y de esos formatos laborales? Hoy, lo que más crece en el mundo es la llamada “economía gig”, que se caracteriza por empleos independientes, de corto plazo y con pagos por tarea, coordinados a través de plataformas digitales que conectan a trabajadores con clientes. Es un fenómeno que se ha expandido por el estancamiento del empleo formal, pero también porque responde a una nueva cultura laboral: menos comprometida, menos rígida, más del día a día, con posibilidades de “entrar y salir”, de “conectar y desconectar”.
Hace unos años, un grupo de economistas se sorprendió en la Argentina con los resultados de una encuesta. Intentaban estudiar el fenómeno de la informalidad laboral y descubrieron que una gran proporción de los trabajadores que estaban en esa situación (la mayoría, jóvenes) no querían registrarse ni sindicalizarse. Asociaban la posibilidad de un blanqueo con cobrar menos. Y asimilaban el aporte jubilatorio a un impuesto, a una exacción.
El mercadolaboral hoy atraviesa una transformación más profunda que la de la Revolución Industrial del siglo XVIII. Uno de los saltos más disruptivos tiene que ver con el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, pero también con otros fenómenos sociales, como la drástica baja en los índices de natalidad y la prolongación de la expectativa de vida, dos tendencias que generan una nueva demanda de empleos en los campos de la educación y la salud. De ahí deriva otro interrogante: ¿puede discutirse una reforma laboral con ambición de futuro sin incluir estos temas en el análisis? ¿Cuántos expertos en IA o en demografía han sido llamados para bosquejar y analizar el proyecto que hoy avanza en el Congreso?
Podrá decirse, con razón, que no se le puede pedirtanto a una ley. Una Argentina con índices absurdos de litigiosidad laboral y con una rigidez extrema que ha limitado la generación de empleo necesita, al menos, una norma que estimule la oferta de mano de obra y brinde mayor flexibilidad al mercado de trabajo. El proyecto que está a punto de tratarse es, entonces, un imprescindible y saludable punto de partida. Pero corre un riesgo: nacer viejo. Quizá sea inevitable, porque el ritmo de los cambios y las transformaciones ha adquirido, en todo el mundo, una velocidad sin precedentes, lo que condena a la legislación a correr, inexorablemente, desde atrás. Pero al menos deberíamos tomar nota de que el desafío es mucho mayor y más complejo. No habrá ninguna ley que produzca efectos mágicos. La generación de empleo, además, no solo depende de normas y regulaciones, sino también de una condición más intangible: la confianza. En ese sentido, el daño que han hecho la postergación del nuevo índice para medir la inflación y el precipitado cambio en la conducción del Indec tal vez devalúe los beneficios que pueda traer la nueva ley laboral.