El gobierno de Javier Milei endureció el control sobre la pesca ilegal en el mar argentino. Lo hizo con la disposición 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron parámetros objetivos para identificar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A partir de ahora, el comportamiento náutico y la velocidad serán evidencia suficiente para iniciar sumarios y multas. También se eliminarán las “zonas grises” que permitían a buques extranjeros simular un “tránsito inocente”.
Con esta medida, que fue bien vista en la actividad pesquera nacional, la administración actual fijó los criterios objetivos de velocidad y maniobra para presumir, “de pleno derecho”, que un buque pesquero de pabellón extranjero está realizando actividades de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), aun cuando alegue estar en tránsito.
Se destacó que Prefectura Naval Argentina actuará a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra información satelital y registros electrónicos para detectar patrones de navegación sospechosos. La Prefectura quedará a cargo de la detección, constatación y reporte de los eventos, mientras que la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evaluará los antecedentes y definirá la apertura de sumarios, conforme al régimen previsto en la Ley Federal de Pesca (24.922). El esquema también invierte la carga de la prueba: ante una presunción de pesca ilegal, será el capitán, armador u operador del buque quien deberá justificar técnicamente su conducta.
Tras conocer la decisión, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), destacó que la disposición “establece claramente las presunciones de derecho que implican la apertura de sumarios a los buques extranjeros cuando están dentro de la milla 200”. En diálogo con LA NACION, remarcó que la norma “mejora el procedimiento, fortalece la posición argentina frente a buques de bandera extranjera que simulan tránsito e invierte la carga de la prueba”, aunque aclaró que no aborda el problema estructural de la milla 201, donde se concentra buena parte del esfuerzo pesquero extranjero fuera de la ZEEA.
La gran novedad jurídica es que la norma obliga al capitán del buque a defenderse preventivamente. El responsable del barco “deberá acreditar las circunstancias que invoque para desvirtuar la situación”, mediante bitácoras o reportes meteorológicos. La normativa advierte que la negativa a ser abordado por la Prefectura será considerada una presunción en contra del buque.
Este protocolo implica que cualquier barco que pida ingreso a un puerto argentino deberá someterse a las leyes locales sanitarias, de trazabilidad y laborales. “Toda resolución eficaz para prevenir y eliminar la pesca ilegal será bien vista por Capip. Por el tema de la milla 201 no alcanza, pero sigue poniendo el foco en el problema y brinda más recursos a las fuerzas armadas”, resumió De la Fuente.
Con este nuevo esquema, se destacó que el Ministerio de Economía busca que las infracciones tengan un respaldo técnico inexpugnable, protegiendo la sustentabilidad del ecosistema marino y la soberanía sobre los recursos de la plataforma continental. La disposición se inscribe en un contexto de creciente presión sobre los recursos del mar argentino, especialmente el calamar, y de reclamos históricos por un mayor control sobre flotas extranjeras que operan en el límite de la jurisdicción nacional. Al fijar parámetros técnicos claros, velocidad, tiempo y patrones de maniobra, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad y respaldo jurídico a las actuaciones en el mar, fortalecer la soberanía sobre los recursos vivos marinos y avanzar en una política preventiva alineada con el principio precautorio que rige en materia ambiental.