Matías Morla ofreció una multimillonaria cifra a los herederos de Maradona para no ir a juicio oral y las hijas respondieron: "No puede ser"
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Matías Morla ofreció una multimillonaria cifra a los herederos de Maradona para no ir a juicio oral y las hijas respondieron: "No puede ser"

El abogado Morla, último apoderado de Diego Maradona, les ofreció 150 millones de pesos a los herederos del astro a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta por el uso de la marca “Maradona”. La oferta fue rechazada por Gianinna y Dalma.

El abogado, último apoderado de Diego Armando Maradona, les ofreció 150 millones de pesos -unos 100.000 dólares- a los herederos del astro a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta a propósito del uso de la marca "Maradona" y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados a nombre del Diez. 

"Concretamente ofrece la suma de $150.000.000 a pagar en seis cuotas iguales mensuales y consecutivas de $25.000.000, procediendo a abonar la primera de ellas dentro de los 10 días hábiles siguientes a ser concedido el instituto bajo análisis", sostuvieron los abogados Mauricio D'Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, representantes de Morla, en el escrito donde solicitaron la suspensión del juicio a prueba ante el juez Juan Giúdice Bravo, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17.

El rechazo de Gianinna y Dalma en redes sociales

Los herederos de Maradona son sus seis hijos: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando. La novedad judicial no fue bien recibida por las dos primeras, y lo expresaron en redes sociales. "Tiene que ser mentira. ¡No puede ser!" , fue el comentario de Gianinna a una publicación en Instagram que hizo su hermana, que posteó el pedido de Morla revelado por el diario Clarín. El rechazo público de las hijas mayores del Diez refleja la tensión que aún persiste en la familia en torno a la gestión de los derechos de imagen y el legado económico del exfutbolista.

Los argumentos de la defensa de Morla

"Cabe tener presente que nos encontramos frente a un conflicto de intereses de carácter patrimonial y privado, donde el representante del Ministerio Público Fiscal no ha formulado requerimiento de elevación a juicio por entender que la conducta imputada no constituye delito alguno", dijeron los abogados de Morla en el escrito.

En la presentación, Cúneo Libarona y D'Alessandro también explicaron que, si se le concede la probation, además de pagar a los herederos, "Morla ofrece realizar trabajos comunitarios en una institución de bien público con regla de conducta a ser impuesta". La defensa sostiene que la conducta imputada no afecta intereses generales de la sociedad, sino que se trata de un conflicto patrimonial entre partes privadas.

"Mi defendido fue sobreseído en dos oportunidades. La fiscalía consideró que no existe ningún delito y por eso renunció al impulso de la acción penal. Nunca se hizo un pedido de elevación a juicio de la fiscalía. Solo las querellas siguen con esta acción. Parece un juicio civil donde se persiguen cuestiones económicas", afirmó Cúneo Libarona. El abogado destacó que Morla no tiene antecedentes penales y que la pena en expectativa es baja, por lo que la probation es una salida procesal viable.

La suspensión del juicio a prueba también fue solicitada por otros acusados en este expediente: Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla; y Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del Diez. Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas a la gestión de las marcas y los derechos de imagen del exfutbolista, y buscan una salida alternativa al juicio oral.

Los detalles de la causa por las marcas de Maradona

A fines de abril pasado, la jueza nacional en lo criminal y correccional Rita Molina elevó la causa a la etapa de juicio oral y público. El expediente se había iniciado a partir de las denuncias presentadas por Dalma y Gianinna (representadas por Alfredo Huber y Diego Mayol ), Jana (con la representación de Félix Linfante y Marcelo D'Angelo ) y Diego Armando (hijo), quienes sostienen haber sido desplazados de los beneficios económicos generados por la explotación del nombre y la imagen de su padre.

Según el auto de elevación a juicio, la acusación afirma que Morla, junto con Pomargo y Sergio Garmendia, controló durante años el negocio vinculado a las marcas "Maradona" a través de la sociedad Sattvica SA, una empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del exfutbolista.

Según fuentes con acceso al expediente, tras la muerte de Maradona, Sattvica SA firmó contratos que superaron los US$3.000.000 y Morla habría retirado 5 millones de dólares de una cuenta de la que era cotitular con el Diez y que estaba radicada en el exterior. 

El Tribunal destacó que las marcas no solo generaban ingresos millonarios, sino que constituían el núcleo del legado económico y simbólico del exjugador, cuyo control quedó concentrado en manos ajenas a la sucesión. El segundo eje de la causa apunta a la transferencia del control de Sattvica SA a favor de Claudia Nora Maradona y Rita Mabel Maradona, hermanas del exfutbolista, quienes no fueron reconocidas como herederas en el proceso sucesorio, lo que para los acusadores consolidó la exclusión de los hijos del circuito de ingresos derivados de las marcas.

Tras las presentaciones hechas por las defensas de Morla, Pomargo y las citadas hermanas de Maradona, el tribunal fijó una audiencia para el 22 de septiembre próximo. "Sin perjuicio de que la causa ha sido elevada a juicio por el impulso exclusivo de los acusadores privados, corresponde, igualmente, poner en conocimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal la audiencia designada", se sostuvo en una resolución firmada en las últimas horas. 

El planteo de Morla deberá ser analizado por la Fiscalía, que tendrá que definir si acepta la suspensión del juicio a prueba o si, por el contrario, considera que el caso debe llegar a juicio oral. Mientras tanto, los herederos de Maradona siguen divididos entre quienes buscan un acuerdo económico y quienes exigen que el proceso penal avance hasta sus últimas consecuencias.

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