Gobernador mexicano de Sinaloa regresa a su cargo tras haberlo dejado porque EEUU pidió su detención

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El político oficialista Rubén Rocha Moya retomó el viernes el cargo de gobernador del estado de Sinaloa, del cual se separó temporalmente en mayo luego de que la Fiscalía de Nueva York solicitó su detención con fines de extradición en el marco de un proceso por presunto narcotráfico. El anuncio desató una intensa polémica, y llevó a miembros del partido gobernante Morena a pedirle que reconsidere su decisión.

Rocha Moya anunció su regreso a la gobernación en un mensaje en la red social X, en el cual sostuvo que la Fiscalía General de México indicó que “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito”.

Horas después, la Secretaría de Gobernación —el segundo cargo de mayor relevancia en México después de la presidencia-- se distanció de la decisión de Rocha Moya, asegurando en un comunicado que su regreso a la gobernación de Sinaloa “responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”.

En el escrito se señala que la Fiscalía General informó que “mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa", dejando entrever una diferencia con lo que dijo Rocha Moya, de que el Ministerio Público determinó que no existían pruebas en su contra que respalden una conducta penal.

La reacción del gobierno mexicano se dio luego de las duras críticas de algunos opositores a que Rocha Moya haya vuelto al cargo.

“Hoy es un día de vergüenza nacional”, manifestó Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y dirigente del partido minoritario Movimiento Ciudadano, quien expresó en X que la decisión del gobernador es una “burla” al país. “Sin verdad, sin justicia, lo que queda es impunidad, y la impunidad solamente va a traer más violencia, más indignación y más dolor para Sinaloa", agregó en un video que publicó en redes sociales.

En las filas del oficialismo también se levantaron voces contra la decisión de Rocha Moya. En un video que difundió en redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al gobernador de Sinaloa reflexionar sobre su decisión y solicitar una nueva licencia para que la fiscalía mexicana concluya la investigación.

Asimismo, los 23 gobernadores oficialistas exhortaron en un comunicado a su colega de Sinaloa a actuar con “madurez” y “responsabilidad”, y le recordaron que "la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender”.

El proceso contra Rocha Moya desató una fuerte controversia en México, la cual afectó a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió en defensa del gobernador y acusó a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de los mexicanos.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, añadió el dirigente oficialista, que aseguró que las “acusaciones falsas” que le hicieron tenían “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”.

A fines de abril, la fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, entre los que están el alcalde de la ciudad de Culiacán —que también se separó temporalmente del cargo—, un senador oficialista, un fiscal y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien semanas después se entregó a las autoridades estadounidenses.

La acusación denuncia que los diez funcionarios activos y retirados ayudaban al cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La fiscalía de Nueva York indicó en un comunicado que el cártel de Sinaloa “se habría aliado con políticos y agentes de las fuerzas del orden corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en beneficio del cártel” y “han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”.

La Fiscalía General de México refutó la solicitud de detención de los funcionarios y pidió a Estados Unidos la entrega de pruebas, algo que hasta el momento no ha hecho.

Sinaloa está sumida en una espiral de violencia desde septiembre de 2024, a consecuencia de la encarnizada lucha que mantienen dos facciones del cártel de Sinaloa, la cual ha dejado centenares de muertos y desaparecidos. La pugna surgió a raíz de la detención y traslado a Estados Unidos en julio de ese año del histórico capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien acusó a Joaquín Guzmán López, hijo del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, de secuestrarlo para entregarlo a las autoridades estadounidenses.