Con la exclusión de funcionarios, el oficialismo logró la media sanción de Inocencia Fiscal II y se define en el Senado

En una sesión maratónica, el Gobierno celebró este miércoles la aprobación de Diputados de la ley de Inocencia Fiscal II, una reforma clave para el programa económico ya que apunta a incorporar al sistema financiero los dólares que están fuera del circuito o debajo del colchón.

La iniciativa consiguió la media sanción y será girada al Senado al cosechar 139 votos a favor contra 110 en contra y dos abstenciones. El apoyo del oficialismo y los habituales aliados del PRO, la UCR y los provinciales fueron clave, mientras que el peronismo junto a la izquierda y los sectores más duros de la oposición rechazaron la iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

La libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta que reduce multas para MiPyMEs, limita la discrecionalidad fiscal y excluye a funcionarios y ex funcionarios de los beneficios del programa.

Tras la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Cámara baja avanzó con la segunda versión de Inocencia Fiscal, una iniciativa que amplía el régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales ARCA podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.

Puntualmente, la propuesta elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente está fijado en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

Además se define qué se considera una "discrepancia significativa" y establece que el organismo podrá formular observaciones cuando detecte una inconsistencia que implique una diferencia de al menos 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.

La reforma impide el acceso a este blanqueo a las personas que cumplen o ejercieron cargos públicos durante los últimos cinco años en determinados cargos de jerarquía de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También alcanza la restricción a legisladores nacionales, provinciales, de la Ciudad y concejales, magistrados, integrantes del Ministerio Público y otras autoridades institucionales. Sólo podrán utilizar formalmente la vía simplificada para presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente, pero no accederán a los efectos, beneficios ni presunciones del régimen. Lo cierto es que esta modificación se incluyó por presión de los aliados.

Además, la norma prevé un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales que tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

La propuesta impulsada por el Gobierno generó polémica en el Congreso. Primero porque la versión aprobada en diciembre del año pasado fue impulsada por el ex diputado José Luis Espert, quien fue acusado de lavado de dinero en una causa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, que lo obligó a renunciar a su candidatura para renovar su mandato.

A la primera Inocencia Fiscal adhirieron un poco menos de 100.000 contribuyentes, entre los cuales se encontró al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Durante el debate, Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, transmitió su apoyo a la normativa al apuntar que no se puede admitir que un funcionario público "se excuse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene". "Eso, indudablemente, estaba mal y prefiero esta ley a la que teníamos", resaltó la diputada por Santa Fe, quien reclamó que la restricción también se extienda a los familiares.

Por su parte, Martín Lousteau cargó contra la propuesta del Gobierno al apuntar "detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos"

A eso agregó que la propuesta podría llamarse "la ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert".

En el cierre del debate, Nicolás Mayoraz cargó contra el kirchnerismo por cuestionar la normativa. "Piden que liberen a Cristina y no quieren que los ahorristas incorporen al sistema los ahorros legítimamente ganados", ironizó el legislador libertario.