Piden confirmar el procesamiento de Fini Lanusse y Hernán Boveri por el desvío de propofol del Hospital Italiano
El fiscal general Ricardo Sáenz pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirme los procesamientos dictados por el juez Javier Sánchez Sarmiento a Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, acusados por el desvío y consumo de drogas anestésicas de uso quirúrgico del Hospital Italiano de Buenos Aires. La resolución podría conocerse en las próximas horas
Según supo Infobae de fuentes judiciales, el funcionario a cargo de la Fiscalía General N°1 sostuvo que hay pruebas suficientes en la causa para sostener que Boveri y Lanusse abusaron de su rol para quedarse con propofol y otros insumos hospitalarios que deberían usarse sólo en pacientes.
De acuerdo al procesamiento, los imputados retiraban en forma reiterada la sustancia de la farmacia del hospital con la excusa de usarlo en cirugías, pero se las llevaban a sus casas para hacer uso personal.
En este sentido, el fiscal Sáenz basó su pedido en el perjuicio financiero contra el Hospital Italiano y la violación del deber de custodia de estos medicamentos.
El funcionario judicial aseguró que en el expediente existen muchos testimonios que prueban el consumo privado de propofol y el uso de insumos hospitalarios por parte de los imputados.
Entre ellos la declaración de Mercedes S., colega y amiga de Lanusse, quien relató que ambas se encontraban en el domicilio de “Fini” cuando observó episodios de uso de propofol con la participación de Boveri. Además, la testigo describió haber visto en la casa material médico denominado “vinchas VIS”, que se utiliza para el monitoreo de anestesia y no debería salir del hospital.
Otro testimonio relevante para el fiscal fue el de Chantal Leclerq quien también declaró que encontró a Lanusse “tirada, semi inconsciente” en su casa y le reconoció que se había “drogado” con Boveri.
Otras colegas, de nombre Natalia y Katja, confirmaron haber visto estos insumos hospitalarios en la vivienda de Lanusse, y la fiscalía resaltó que en la casa de Boveri también se secuestraron estos elementos.
Entre las evidencias, también surgió la declaración de la expareja de Boveri, quien relató que él reconoció haber consumido Propofol con “Fini”, inyectándose mutuamente fuera del hospital.
El jefe del Servicio de Anestesiología, Gonzalo Domenech, y otros miembros del hospital y la Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) también afirmaron haber escuchado a ambos imputados admitir estas conductas en reuniones institucionales.
El testimonio de un anestesiólogo que declaró en la causa dio una descripción de la presunta maniobra para llevarse la droga: el médico responsable anota una dosis mayor de la realmente aplicada en la historia clínica y en los registros de farmacia, y así, la diferencia puede quedar disponible para un uso no autorizado.
Esto fue corroborado por el jefe de residentes, Martín De Bonis, quien admitió que las ampollas descartadas no se cuentan y que es posible falsificar hojas de farmacia.
Según explicó Domenech, “en ningún caso... podemos estar taxativamente seguros de que lo que el Dr. Boveri manifiesta haberle suministrado a un paciente efectivamente coincida con lo que en realidad le suministró”.
Para la fiscalía, la posición de Boveri como médico encargado principalmente de neurocirugías, que exigen más anestesia, y su reconocimiento entre los colegas, facilitó esta maniobra.
Para las defensas de Boveri y Lanusse las pruebas no son suficientes. Por eso apelaron el procesamiento dictado a principios de abril, que en las próximas horas se deberá resolver si queda o no firme.
Para el abogado de Boveri, no se probó cómo se sustrajo la medicación, dijo la acusación se basa en “testigos de oídas y rumores”, y que el hospital no demostró un perjuicio económico concreto. Además, objeta que él no tenía un rol administrativo directo sobre los bienes del hospital.
La defensa de Lanusse centró sus cuestionamientos en la falta de pruebas directas de la sustracción y criticó el valor legal de las declaraciones realizadas en encuentros de la AAARBA, señalando que carecieron de garantías y no se ajustaron ni a la práctica médica ni al proceso penal.
Con información de Omar Lavieri