Las ayudas directas a la infancia se han convertido en uno de los grandes ejes del debate social en España. Con una de las tasas de riesgo de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, el foco político se ha desplazado hacia fórmulas que garanticen ingresos estables a los hogares con menores.
En este contexto, el Ejecutivo ha confirmado su intención de implantar una prestación universal por hijo a cargo de hasta 200 euros mensuales, lo que equivale a 2400 euros al año por cada menor de 18 años. La propuesta forma parte de la estrategia estatal contra la pobreza infantil y está vinculada al desarrollo de la Agenda 2030, tal como recoge el propio Ministerio de Derechos Sociales.
Cómo funcionará la ayuda de 2400 euros
La medida contempla una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo, no importa cual fuera el nivel de renta, siempre que el menor resida legalmente en España. La clave de esta propuesta es su carácter no contributivo. A diferencia de otras prestaciones que exigen acreditar determinados ingresos, esta prestación por hijo a cargo pretende llegar a todos los hogares con menores.
El diseño definitivo de esta ayuda dependerá de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación debe pasar por el Congreso de los Diputados.
Impacto económico y coste presupuestario de la prestación universal
La cuantía mensual de 200 euros por hijo se sumaría a otras herramientas ya vigentes, como el Ingreso Mínimo Vital, regulado por el Real Decreto-ley 20/2020. Esto no funcionaría como sustituto a estas ayudas, sino que actuaría como complemento estructural para todas las familias con menores.
Cuándo entraría en vigor y qué falta para su aprobación definitiva
Aunque el anuncio ha generado expectativa, la prestación universal por hijo todavía no está en vigor. Su aplicación efectiva depende de que el Gobierno la incluya formalmente en el proyecto de Presupuestos y obtenga respaldo parlamentario.
Hasta que no se apruebe la norma correspondiente y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede hablarse de una fecha concreta de inicio.
Otro aspecto pendiente es el procedimiento de gestión. El Ejecutivo deberá definir si el pago se canalizará a través de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o mediante un sistema específico. La Tesorería General de la Seguridad Social es el organismo que actualmente gestiona varias prestaciones familiares.