* La muerte del narcotraficante mexicano no afectó las poderosas redes de su cártel de Jalisco en Estados Unidos.
* El cártel blanquea dinero, compra armas y trafica con combustible dentro de Estados Unidos.
* Tras la redada, aumentan en México los llamamientos para que Estados Unidos intensifique la lucha contra las drogas en su territorio.
Por Laura Gottesdiener, Stefanie Eschenbacher y Sarah Kinosian
CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) - El abatimiento por parte del Gobierno mexicano de uno de los capos más importantes del mundo, conocido como "El Mencho", se está considerando un duro golpe al narcotráfico.
Las fuerzas especiales mexicanas mataron al escurridizo narcotraficante Nemesio Oseguera en una redada respaldada por Estados Unidos el 22 de febrero. Fue la mayor captura de un capo de un cártel en al menos una década.
El Cartel Jalisco Nueva Generación de El Mencho respondió incendiando edificios y bloqueando carreteras en todo México, en una aterradora demostración de su alcance territorial que acaparó los titulares de todo el mundo.
"Estados Unidos se ha vuelto cada vez más importante para los cárteles, especialmente para el Cártel Jalisco Nueva Generación, para que pueda prosperar", afirmó Alamdar Hamdani, exfiscal federal del Distrito Sur de Texas.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la Administración Trump "ha colaborado estrechamente con el Gobierno mexicano para detener la lacra de las drogas y los delincuentes que entran en nuestro país" y que esta cooperación condujo a la "eliminación del infame narcoterrorista 'El Mencho'".
"El presidente seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para mantener a Estados Unidos a salvo de estos despiadados delincuentes y de las drogas que utilizan para envenenar nuestro país", añadió.
LOS MEXICANOS PIDEN A ESTADOS UNIDOS QUE TOME MÁS MEDIDAS EN SU TERRITORIO
Washington presionó a México para que intensificara la lucha contra los cárteles antes de la redada contra el otrora intocable narcotraficante.
Estas medidas son arriesgadas para el Gobierno mexicano, ya que pueden desencadenar una ola de violencia en un país donde la guerra contra las drogas ya se ha cobrado decenas de miles de vidas.
La decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de intensificar su ofensiva ha provocado nuevos llamamientos para que Estados Unidos haga más en su lado de la frontera. "Estados Unidos no puede echar en saco roto, poner oídos sordos a la exigencia de México", afirmó el congresista mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar, aliado cercano de Sheinbaum. Afirmó que ese país debe mejorar sus esfuerzos para perseguir el lavado de dinero, el contrabando de combustible y, sobre todo, el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México.
"No se puede acabar con los narcotraficantes si Estados Unidos sigue permitiendo que estén fortaleciendo su capacidad bélica con armamento proveniente de Estados Unidos", afirmó.
En los últimos años, Estados Unidos ha instruido y juzgado cientos de casos relacionados con actividades de los cárteles dentro de su territorio. Sin embargo, el año pasado, la administración Trump desvió a miles de agentes, entre ellos muchos especializados en drogas, armas de fuego y lavado de dinero, de esos casos para dedicarlos a la deportación masiva.
Reuters también informó en septiembre que el número de personas acusadas de conspiración para traficar con drogas y blanqueo de capitales se redujo significativamente el año pasado.
"La administración Trump se ha centrado principalmente en acciones altamente militarizadas contra las drogas en el extranjero y no ha prestado la misma atención a las acciones en el país", afirmó Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad.
Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que la administración estaba "muy centrada en asegurar la frontera, procesar a los traficantes violentos, deportar a todos y cada uno de los miembros de las redes de cárteles y garantizar que rindan cuentas por sus horribles crímenes contra el pueblo estadounidense".
El departamento también señaló una serie de casos recientes, entre ellos los de altos cargos del cártel de Jalisco. La oficina de la presidenta de México no respondió a las solicitudes de