Por orden de la Ley 13.927, inhabilitan la licencia de conducir a las personas que manejen para pasar a otro conductor y hacer carreras picada
La Ley 13.927 de la provincia de Buenos Aires establece sanciones para quienes participan en picadas ilegales o realizan maniobras peligrosas que comprometen la seguridad vial. La norma, que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, prohíbe competir con otros vehículos a exceso de velocidad en la vía pública, conductas conocidas como picadas clandestinas. También regula los adelantamientos, que solo pueden realizarse por la izquierda, con visibilidad suficiente, espacio libre y sin poner en riesgo a otros usuarios.
Según el artículo 24 de la ley provincial, quien compita en una picada recibe como sanción la inhabilitación de la licencia por seis meses en la primera infracción, además de la retención del registro. Si el infractor es propietario del vehículo, este será secuestrado y permanecerá en depósitos municipales durante 30 días. Las competencias deportivas autorizadas legalmente quedan exceptuadas de esta prohibición. En caso de reincidencia, los plazos se agravan: doce meses en la primera reincidencia y la inhabilitación definitiva en la segunda.
La ley también permite a los jueces administrativos de tránsito aplicar una suspensión preventiva de la licencia cuando una falta grave pone en serio riesgo la vida o la salud de otras personas. Esta medida, regulada en el artículo 38 bis incorporado por la Ley 15.002, puede dictarse de oficio, sin audiencia previa, y se mantiene hasta que quede firme la resolución administrativa. Se aplica tanto a las picadas como a otros incumplimientos graves, como adelantamientos realizados sin respetar las condiciones de seguridad establecidas en la normativa nacional y provincial.
La suspensión preventiva debe notificarse en el domicilio constituido y obliga al conductor a entregar su licencia cuando se le requiera. En caso de incumplimiento, la autoridad puede solicitar su retiro con auxilio de la fuerza pública. El afectado puede recurrir la medida ante el juez correccional en un plazo de tres días, aunque la presentación del recurso no suspende los efectos de la inhabilitación. Si la persona no posee licencia o esta no se encuentra vigente, se puede aplicar una inhabilitación preventiva bajo las mismas condiciones.