FATE: la Justicia laboral dio por saldadas las deudas, pero la causa penal sigue sin resolver la ocupación de la fábrica

La historia judicial del cierre de FATE muestra dos escenarios distintos según el fuero que interviene en las causas. Mientras la Justicia laboral dio por terminada la controversia sobre las obligaciones económicas de la empresa con sus ex trabajadores, en el ámbito penal persisten las quejas de los propietarios porque la causa que investiga la ocupación de la planta de San Fernando aún no ha logrado una resolución efectiva que permita la restitución del establecimiento.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 17 dispuso el levantamiento del embargo sobre los fondos de FATE y ordenó reintegrar a la empresa el saldo remanente en la cuenta judicial. Parte de esos recursos ya habían sido utilizados para el pago de adicionales salariales reclamados con posterioridad al cierre. Según la resolución, con el cumplimiento de las obligaciones, quedaron canceladas las indemnizaciones y los salarios correspondientes. De esta forma, se da por concluida la controversia sobre los compromisos de pago derivados del cierre de la fábrica, anunciado el 18 de febrero pasado.

El fallo del 6 de noviembre destaca que la medida de embargo se encuentra íntegramente cumplida mediante las transferencias efectuadas. El juez desestimó la oposición presentada por la representación letrada de los trabajadores al pedido de restitución de fondos y ordenó transferir a la cuenta de la empresa más de $1.548,5 millones en concepto de reintegro de capital no imponible. Estas sumas provenían de los montos depositados como consecuencia del embargo y estaban destinadas, entre otras cosas, a cubrir las transferencias de salarios dispuestas por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el fuero penal, el predio de Virreyes, en el partido de San Fernando, continúa ocupado desde el cierre por un grupo de ex empleados y dirigentes sindicales que exigen la reapertura de la planta y la reincorporación de la totalidad de los trabajadores. Esta ocupación, que va más allá de las indemnizaciones, impide según la empresa el retiro de neumáticos, materias primas y otros bienes, además de limitar el acceso al establecimiento. El conflicto se inició el 18 de febrero con el anuncio del cierre y el despido de unos 920 trabajadores. Aunque en un principio el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro ordenó el desalojo, esa decisión fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías, que consideró la ocupación como parte de un conflicto laboral. Meses después, la Cámara de Apelaciones de San Isidro dictó una nueva resolución favorable al desalojo, pero los recursos presentados han mantenido la situación sin una salida concreta a casi nueve meses del anuncio de cierre.