Crisis en Paraguay: rechazaron la renuncia del presidente Santiago Peña por el escándalo bancario y deberá enfrentar un juicio político
Un intenso y dramático forcejeo político marcaba estas horas en Paraguay tras la renuncia del presidente Santiago Peña, rechazada por el Congreso en medio de la grave crisis económica y social provocada por la caída del Ueno Bank, entidad financiera ligada de manera opaca a los centros de poder del país.
Mientras miles de personas reclamaban en las calles por la devolución de sus ahorros, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la dimisión presentada por Peña al mediodía del jueves. Los legisladores optaron por impulsar un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana, elevando la causa al Senado. En una sesión extraordinaria realizada esa misma noche, el Senado constituyó las autoridades del juicio y convocó a una sesión para este viernes por la mañana, en la que se espera la presencia de Peña.
El presidente, a través de sus redes sociales, anunció que enfrentará el proceso. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas… Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, afirmó. Peña continúa siendo constitucionalmente el presidente de la República, ya que su renuncia no fue aceptada. El vocero presidencial, Guillermo Grance, desmintió versiones de que habría abandonado el país y aseguró que permanece en Paraguay.
En las calles, las protestas se intensificaron durante la noche. Empleados del Ueno Bank, aún con sus uniformes, quemaron tarjetas de crédito frente al Ministerio de Trabajo y exigieron el pago de salarios e indemnizaciones adeudadas. El Ministerio de Trabajo estima que el colapso ha afectado cerca de 7.000 empleos, entre directos e indirectos. El Parlamento, dominado por el oficialista Partido Colorado que lidera el ex presidente Horacio Cartes —padrino político de Peña con quien ha mantenido fuertes diferencias—, retiró su respaldo al mandatario. Cartes justificó la decisión en un duro comunicado en el que señaló que “no nos pondremos del lado del saqueo de fondos públicos y privados, ni de los ahorros de los jubilados”.
El Fiscal General, Emiliano Rolón, ordenó tres investigaciones penales que involucran al presidente y otros funcionarios. Las pesquisas apuntan a la supervisión del banco, la gestión de su quiebra, la colocación de fondos públicos en la entidad y posibles conflictos de interés. Peña es acusado de manipulación regulatoria, direccionamiento de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) hacia el Ueno Bank, violación de límites crediticios a empresas vinculadas y daño a la estabilidad del sistema financiero.
Hasta el año pasado, Peña fue inversor en la empresa matriz del Ueno Bank, que cerró sus puertas el martes tras confirmarse su insolvencia. El banco manejaba 850 millones de dólares de organismos oficiales, había bancarizado a 2,9 millones de paraguayos —casi la mitad de la población— y gestionaba el pago de jubilaciones y pensiones. La pérdida de liquidez se atribuye al uso de depósitos para otorgar créditos al Grupo Vázquez, controlante del banco, en lo que se considera un vaciamiento. El gobierno activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta US$38.600 por titular, aunque los grandes depositantes, incluido el sistema previsional, quedan mayoritariamente sin protección.
La crisis ha golpeado duramente los mercados. Los bonos soberanos en dólares profundizaron sus pérdidas, mientras el guaraní se depreció un 4,5% este jueves, cotizando a 6.478 unidades por dólar. Acumula una caída de 8,17% en solo cinco días y se ubicó en el último lugar del ranking global de monedas.