Los ocho samuráis y una prensa ausente
Los argentinos nos creemos extraordinarios pero estamos entre los más corruptos del globo.
En el índice de Transparencia Internacional nuestro país se ubica en el tercio de las democracias más corruptas. Incluso hay casi veinte dictaduras con un índice mayor de transparencia que nosotros.
Eso quiere decir que tenemos una predisposición precaria a cumplir la ley, o sea una baja cultura de la legalidad.
Un gran académico y político colombiano Antanas Mockus, preocupado por la baja cultura de la legalidad de los colombianos, desarrolló la teoría de que esta se debía a una triple impunidad: la persona se absuelve a sí misma, los otros no la cuestionan y el Estado tampoco.
Para reducir la corrupción, el país tiene ocho poderosas agencias de control. Pero solo un puñado de periodistas las frecuentan. Para mejorar ese nexo el periodista Leonardo Nicosia preparó para FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), con la colaboración del abogado Jorge Alejandro Filipini, una Guía de Acceso a la Información en los Principales Organismos de Control. En su trabajo incluso hizo propuestas de mejora a las distintas agencias.
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. La llaman “La Casa”. Se dedica al control externo de la administración pública nacional. Depende del Congreso de la Nación y está gobernada por un Colegio de Auditores elegido por ambas cámaras. Su auditor general es Juan Manuel Olmos, uno de los más reputados negociadores del peronismo. En su momento el titular fue Miguel Ángel Pichetto. No se entiende por qué en un organismo de control se busca ese tipo de perfil negociador. No son políticos que se hayan especializado en la lucha contra la corrupción.
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN. Depende de la jefatura de gabinete. Realiza el control interno en la administración pública. Hoy su titular es Alejandro Fabián Díaz. Hay Unidades de Auditoría Interna (UAI) en cada organismo y dice el informe de FOPEA que los periodistas pueden obtener por esa vía los informes de los tribunales de cuenta de las provincias, que son un tesoro poco explorado.
PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS (PIA). Está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, elegido por concurso público en el 2014. Entre sus últimas intervenciones participó de la investigación del caso Spagnuolo, que está ahora procesado, y en los anteriores gobiernos intervino en los casos del ARA San Juan y de la manipulación de datos del INDEC por el que fue condenado el exsecretario Guillermo Moreno. Si la AGN depende del Congreso y la SIGEN del Poder Ejecutivo, la PIA es parte de la Procuración General, un órgano extrapoder.
OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Fue creada en 1999 por la ley de ética pública en los fervores del discurso honestista tras la década menemista. De a poco, fue perdiendo fuerza por las sospechas de parcialidad oficialista. Su rol es prevenir e investigar y tiene funciones bastante convergentes con la PIA. Es interesante aquí el Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores de los funcionarios, aunque hay bastantes incumplidores. Depende del Ministerio de Justicia y su titular es Alejandro Melik, un veterano abogado penalista.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. También depende del ministro de Justicia. Lleva el registro público y fiscaliza a las empresas comerciales y las asociaciones civiles. Hoy está dirigida por Daniel Vitolo, un super experto del derecho comercial argentino.
Entre todos producen auditorías, informes, pesquisas judiciales, sumarios administrativos, denuncias y fallos diversos. Si actuaran en forma integrada mejoraríamos nuestra posición en el ranking.
Todos estos samuráis tienen una alta calidad técnica. Si se reunieran a tomar mate sabríamos por qué vamos mal en el ranking de corrupción.
Uno de los nudos críticos de la calidad democrática es el grado de intensidad en la relación entre periodistas y agencias de control. Pero en Argentina, por ahora, la relación es débil.