La apuesta nuclear exige dejar de ser juez y parte
En 1999, durante las obras de la central hidroeléctrica de Yanango, en Junín, un trabajador recogió una pequeña fuente de iridio-192 y la guardó en el bolsillo. Las lesiones que sufrió terminaron en la amputación de una pierna. Trece años después, en Chilca, otro accidente de radiografía industrial volvió a exponer a varios trabajadores a dosis elevadas de radiación.
Después de este tipo de incidentes, el primer reflejo suele ser identificar al trabajador que incumplió un procedimiento. Esa responsabilidad existe y debe establecerse claramente. Sin embargo, la investigación resulta incompleta si no examina también a quienes autorizaron la actividad, definieron los requisitos de capacitación e inspeccionaron las condiciones de seguridad. El regulador también tiene que rendir cuentas.
En el caso de Yanango, el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) identificó una falla concreta: la empresa contaba con licencia y la importación de la fuente estaba autorizada, pero la cámara de radiografía que se utilizaba no figuraba en dicha licencia y habría ingresado desde Ecuador sin notificación al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Una empresa licenciada operaba con un equipo que la autoridad nunca había autorizado. En esa época tampoco existía una norma específica para radiografía industrial, solo un reglamento general de seguridad radiológica. La empresa había sido inspeccionada. El OIEA recomendó fortalecer la evaluación de licencias, la preparación de inspectores y la vigilancia de las actividades de alto riesgo. El incumplimiento de la empresa no exime de analizar las insuficiencias institucionales.
El accidente de Chilca reveló otro problema: los requisitos para autorizar a las personas. Según el OIEA, para ser operador se exigía primaria completa, un curso de veinte horas, experiencia supervisada y un examen; para el responsable de protección radiológica se pedía secundaria completa y cuarenta horas de capacitación. El organismo recomendó mejorar la verificación de la eficacia real de esa formación. El nivel escolar por sí solo no determina la capacidad de trabajar con seguridad. Lo fundamental es la preparación especializada y su comprobación práctica: que el operador sepa usar los instrumentos, identifique una situación anormal y aplique el procedimiento correcto. Una licencia no puede limitarse a revisar certificados.
Después de cada accidente se identifican vacíos y se proponen mejoras. La obligación pública es detectarlos antes. Yanango y Chilca muestran una cultura de regulación reactiva. Una autoridad eficaz debe revisar de manera continua si sus requisitos siguen siendo suficientes y si las empresas los cumplen efectivamente. El reglamento general citado en el informe de Yanango data de 1997, es decir, tiene casi tres décadas. La norma específica de radiografía industrial se aprobó solo una década después del accidente de Yanango.
El IPEN acumula funciones de promoción, operación nuclear y responsabilidades regulatorias, lo que genera una situación de juez y parte. La independencia regulatoria debe estar garantizada por ley y por la estructura institucional, no solo por la voluntad de las autoridades de turno. El Decreto Supremo 018-2026-EM declaró en reorganización al Ministerio de Energía y Minas, al INGEMMET y al IPEN por un plazo de hasta 120 días. Esta es una oportunidad concreta para avanzar hacia una autoridad independiente, con presupuesto estable, especialistas competentes y facultades reales para inspeccionar, actualizar exigencias y detener actividades inseguras. Después de Yanango y Chilca, el país tiene derecho a contar con respuestas preventivas antes de autorizar nuevos proyectos nucleares.