Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?
La huelga general convocada este jueves en España, la primera en 12 años, ha comenzado con numerosos piquetes informativos que han cortado carreteras, autovías y accesos a polígonos industriales y fábricas desde primera hora de la mañana. Estos piquetes forman parte de las movilizaciones impulsadas por organizaciones sindicales y el Sindicato de Inquilinas, que reclaman salarios dignos y medidas contra la especulación inmobiliaria que encarece la vivienda.
La legislación española ampara el piquete informativo como una extensión legítima del derecho a la huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. Según el Tribunal Constitucional, las labores de información, propaganda y persuasión están protegidas, siempre que se realicen de forma pacífica. Comisiones Obreras (CCOO) explica que los piquetes pueden informar y convencer a los trabajadores en las puertas de los centros de trabajo, repartir folletos, organizar concentraciones pacíficas, utilizar megafonía y pancartas, pero no pueden recurrir a la coacción, la intimidación ni la violencia. La frontera legal se sitúa entre convencer y obligar: no se puede impedir físicamente el paso a quien decide trabajar ni obstaculizar los servicios mínimos.
Durante la jornada se han registrado varios incidentes. En Mercamadrid, la Policía Nacional cargó contra manifestantes frente al polígono industrial, resultando un detenido y trece heridos. CCOO ha anunciado que presentará una denuncia penal por el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza. En la Comunitat Valenciana, la Policía detuvo a cinco personas por su participación en piquetes: tres en València, acusados de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, y dos en Alicante. En esta última provincia se produjeron cargas policiales en la avenida de la Universidad, en Rabasa, y en la avenida de Denia, donde hubo heridos y posteriormente una concentración frente a la Comisaría Provincial.
El Real Decreto-ley 17/1977 regula que la publicidad de la huelga debe realizarse de manera pacífica y sin coacción. Las conductas que impliquen intimidación o violencia pueden ser constitutivas de delito según el artículo 172 del Código Penal. Hasta 2021 existió un delito específico de coacciones a la huelga que fue derogado, aunque estas acciones pueden seguir sancionándose por otras vías penales o administrativas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.