El Gobierno removió a la responsable de dos registros automotores tras detectar fondos sin transferir al Estado por $117 millones
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El Gobierno removió a la responsable de dos registros automotores tras detectar fondos sin transferir al Estado por $117 millones

El Gobierno removió a Marta Elena Castañón como titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A, luego de comprobar que no fueron depositados los fondos que debían transferirse a la Administración Nacional.

Según la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, el perjuicio fiscal asciende a $117.246.510,53 al 15 de septiembre de 2026. La investigación administrativa se inició en 2025 para determinar responsabilidades por irregularidades en la administración de ambas seccionales. Las faltas abarcaron el período comprendido entre julio de 2024 y febrero de 2025, con montos que en algunos meses superaron los $18 millones.

La resolución reprocha a Castañón el incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos. La funcionaria argumentó en su defensa que la omisión no respondió a una maniobra de apropiación, sino a una imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento del registro. Además, cuestionó la falta de respuesta a sus pedidos para regularizar la deuda mediante pagos escalonados y señaló que otros registros atravesaban situaciones similares.

Sin embargo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, de un total de aproximadamente 1.400 registros, solo 14 presentaban deudas y 10 ya estaban sumariados. La instrucción rechazó los argumentos de la exencargada, recordando que los remanentes de recaudación corresponden al Estado Nacional desde su percepción y deben depositarse en los plazos establecidos. El expediente también señaló que la eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos forma parte del riesgo propio de la gestión y no autoriza a retener fondos que deben girarse al Estado. Los hechos son investigados además en una causa penal por defraudación que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora. La vía administrativa no está agotada y Castañón podrá presentar recursos de reconsideración o jerárquicos.

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