El Gobierno destituyó a una encargada de dos registros automotores por no devolverle al Estado más de $117 millones
El Ministerio de Justicia destituyó a Marta Elena Castañón, encargada de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor N° 5 y con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A, ambos de Lomas de Zamora, tras determinar que no transfirió al Estado los remanentes de recaudación correspondientes. El perjuicio fiscal fue actualizado a $117.246.510,53, sin incluir los intereses que se acumularán hasta el efectivo recupero de los fondos.
La sanción se formalizó mediante la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre de 2026 y publicada este lunes en el Boletín Oficial. La investigación administrativa estableció que Castañón incumplió la obligación de depositar en favor de la Administración Central los remanentes de las liquidaciones de emolumentos, que corresponden al Estado Nacional desde el momento en que se perciben los aranceles por los trámites.
Los depósitos pendientes se registraron entre julio de 2024 y el 17 de febrero de 2025. Los montos mensuales no transferidos variaron entre $858.587 y casi $19 millones. El mayor faltante correspondió a agosto de 2024, con $18.994.258,14, seguido por julio de ese año con $10.365.253,33, septiembre con $10 millones, enero de 2025 con otros $10 millones, octubre con $7.539.315,27, noviembre con $7.349.674,10 y diciembre con $8.459.372,65. La instrucción sumarial había calculado inicialmente un daño de $73.566.460,66, cifra que la SIGEN actualizó al 15 de septiembre de 2026 hasta superar los $117 millones al incorporar intereses y otros componentes.
Durante el sumario, Castañón presentó descargos en los que atribuyó la falta de depósitos a un cuadro de desfinanciamiento de los registros a su cargo, que le impedía cumplir con las transferencias. Argumentó que había solicitado a las autoridades la cancelación escalonada de la deuda y que otros registros enfrentaban situaciones similares, algunos con mejores condiciones arancelarias o de gastos. El Ministerio rechazó estos planteos y aclaró que los problemas económicos no habilitan a utilizar fondos estatales para compensar desequilibrios operativos, ya que esos gastos forman parte del riesgo propio de la función. Además, precisó que, de unos 1.400 registros seccionales existentes, solo 14 presentaban deudas y 10 de ellos ya estaban bajo sumario. La resolución declaró su responsabilidad disciplinaria, aplicó la remoción y dispuso impulsar las acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, con intereses incluidos. La vía administrativa no está agotada, por lo que Castañón podrá interponer recurso de reconsideración en 20 días hábiles o jerárquico en 30 días, según su elección.