Noticias de la Corte Suprema: la orden final sobre el TPS que el DHS y Uscis podría aplicar a partir del 20 de noviembre
Tras concluir la pausa administrativa, el Noveno Circuito de Apelaciones podría emitir una nueva orden que ponga fin al limbo migratorio en el que se encuentran miles de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Esta semana avanza el litigio judicial sobre el TPS para Venezuela. El viernes 20 de noviembre vence la suspensión de 14 días que el tribunal otorgó a la administración Trump para mantener congelada la medida cautelar emitida por el Distrito Norte de California, la cual bloquea la terminación del beneficio. A partir de esa fecha, existe la posibilidad de que vuelva a entrar en vigor la orden que permitiría restablecer el TPS.
El pasado 5 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que había confirmado que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS ya vigente para Venezuela. El caso regresó entonces al Noveno Circuito para su revisión. El 30 de octubre, ese tribunal rechazó la solicitud del Gobierno de mantener congelada la medida cautelar, lo que abrió la puerta a un posible restablecimiento del beneficio a partir del 6 de noviembre. Sin embargo, tres días después el mismo tribunal retiró esa decisión y concedió al Gobierno una suspensión administrativa de 14 días, que finaliza el 20 de noviembre, mientras procesa los alegatos de la apelación bajo un calendario acelerado.
El abogado de inmigración Héctor Benítez señaló que la probabilidad de que el TPS sea restablecido para los venezolanos es muy alta, aunque sea de forma temporal. Benítez recomendó a la comunidad venezolana no repetir el error de beneficiarios de países como El Salvador u Honduras, que han permanecido en un limbo migratorio por 20 o 25 años. En su opinión, el carácter temporal del TPS genera incertidumbre ante los cambios de administración, por lo que instó a buscar de manera activa otras vías de regularización, como peticiones laborales o familiares.