De Sanctis consideró que la experiencia de las próximas licitaciones debe servir de base para “impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país”. La dirigente remarcó que este marco tiene que “garantizar estándares más altos, promover la competitividad, y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa”.
Tras la decisión más reciente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión de 1997 otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, el panorama cambió respecto a la gestión de ambos puertos. El fallo de la corte aludió tanto a lesiones contra la soberanía como a un desequilibrio económico desfavorable para el Estado en los términos del contrato.
Actualmente, los puertos de Balboa y Cristóbal permanecen bajo operación provisional de filiales del sector portuario internacional, entre ellas Mediterranean Shipping Company y Hutchison Port Holdings. El presidente José Raúl Mulino anunció que las concesiones definitivas serán licitadas por separado en procesos que definió como abiertos y transparentes, estimando un plazo máximo de un año y medio para que se adjudiquen a nuevos operadores.
Las operaciones del Canal de Panamá no han sido afectadas por las recientes medidas sobre Balboa y Cristóbal, dado que ambos puertos funcionan de manera independiente a la infraestructura y la administración de la vía interoceánica.