El registro efectuado en la vivienda del excomisario José Manuel Villarejo permitió a la Policía localizar dos dispositivos USB y un disco duro que contenían carpetas identificadas como 'Dina 2' y 'Dina 3', en las que se almacenaba una copia completa de los datos extraídos de una tarjeta SD, propiedad de Dina Bousselham. Según publicó el medio, estos dispositivos albergaban información personal, mensajes privados y datos económicos correspondientes a la exasesora de Pablo Iglesias. El inspector encargado de la investigación declaró ante la Audiencia Nacional que los documentos y pantallazos identificados durante la intervención coincidían exactamente con los contenidos aparecidos posteriormente en diversos medios de comunicación. De acuerdo con lo consignado por la fuente, el juicio, reanudado en la Audiencia Nacional, se centra en esclarecer el recorrido de la tarjeta telefónica de Bousselham desde el robo de su móvil en 2015, mientras trabajaba como asesora de Iglesias, hasta la filtración de sus datos a la prensa, que tuvo lugar en julio de 2016. Durante la segunda sesión, el tribunal escuchó los testimonios de los policías responsables del registro a Villarejo en 2017, momento en el que se hallaron los dispositivos con la información sobre Bousselham. El inspector relator expuso en la vista oral que la información recuperada incluía correos electrónicos, conversaciones de mensajería a través de aplicaciones como Telegram y WhatsApp, y diversa documentación personal y financiera. En palabras del agente, ese acopio digital contenía “la vida de una persona en un teléfono”. Tras notificar el hallazgo, el juez verificó la existencia de diligencias previas, incluida la denuncia presentada por Bousselham en noviembre de 2015 por la sustracción de su dispositivo móvil. Según el medio, en aquel momento no se identificaron a los responsables del robo. El policía precisó que Bousselham declaró posteriormente y reconoció como propios los documentos y pantallazos intervenidos en casa de Villarejo. El informe técnico determinó que la información almacenada en los dispositivos fue copiada entre el 9 de diciembre de 2015 y el primer semestre de 2016. Esa cronología sitúa la disponibilidad de la información después del robo del móvil y antes de que los datos se divulgaran en la prensa. Según reportó el medio, el cotejo realizado por los investigadores estableció coincidencia total entre los chats, documentos y capturas publicadas en medios y los archivos extraídos en la intervención policial. “La captura de pantalla es absolutamente coincidente y no tenemos duda de ello, porque la captura de pantalla, aparte del contenido del texto que es idéntico al que figuraba en esas carpetas ‘Dina 2’ y ‘Dina 3’, tiene datos que indubitadamente hace que provengan exactamente de ese chat concreto, como el porcentaje de batería o la cobertura”, declaró el inspector, según recogió la publicación. Durante la instrucción se determinó que, antes de la difusión pública de la información, Villarejo había sostenido contactos directos tanto con los periodistas acusados en el proceso judicial como con otros informadores. Estas interacciones precedieron la publicación de las informaciones relativas a Bousselham, según quedó reflejado en el sumario y detalló el medio. En la primera sesión del juicio se comunicó la existencia de un acuerdo alcanzado entre la defensa de Bousselham y los dos periodistas encausados. El pacto contempló el reconocimiento parcial de los hechos imputados, con el perdón otorgado por la propia Bousselham y por Pablo Iglesias. Tras este acuerdo, los periodistas pasaron a tener la consideración de testigos en el proceso judicial. No obstante, el comisario Villarejo quedó excluido de dicho acuerdo debido a su condición de funcionario público en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos, tal como argumentó la Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cinco años de prisión para Villarejo, al que acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. Inicialmente, había solicitado tres años de cárcel para los dos periodistas implicados, aunque la situación de estos cambió tras el acuerdo mencionado. El medio precisó que la investigación busca esclarecer el origen de la filtración y la responsabilidad penal derivada de la divulgación de los datos personales de Bousselham intervenidos tras el robo de su teléfono en 2015.
