El caso del auxiliar de Policía, Marco Alejandro Lemus Muñoz, generó atención en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de la Policía Nacional, en Manizales (Caldas), luego de admitir ante la justicia: “Acepto el delito del centinela”.
La Fiscalía 2428 Penal Militar y Policial de Conocimiento presentó al uniformado ante el Juzgado 1713 Penal Militar y Policial de Control de Garantías para realizar las audiencias de legalización de captura e imputación.
El proceso inició cuando las autoridades sorprendieron a Lemus Muñoz dormido durante su turno de vigilancia, hecho que lo llevó a ser capturado en flagrancia. Este resultado fue suficiente para que el acusado se allanara a las pruebas exhibidas, asegurando que “decidió aceptar el cargo formulados por el ente acusador”.
La etapa judicial continuará en los próximos días, momento en el que se establecerá la fecha para que el caso reciba sentencia, una vez realizada la admisión del delito.
La Procuraduría General de la Nación encontró responsable a Zuleta Gómez, que ejercía como juez primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, de maltrato y actos de persecución hacia una subalterna con rango de mayor.
El fallo determinó que utilizó su posición jerárquica para intimidar, recurriendo a burlas sobre el equipo de cómputo de la mayor y haciendo referencias a aspectos personales de su vida.
La decisión, emitida en primera instancia, fue calificada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 como una falta gravísima cometida de manera dolosa. El organismo argumentó que las conductas vulneraron principios esenciales como el respeto y la dignidad, impactando negativamente tanto el servicio público como la convivencia interna de la institución castrense.
El Ministerio Público recalcó que el liderazgo ejercido en cargos de mando debe basarse en el respeto mutuo y la convivencia sana. De acuerdo con la resolución, la actitud de la exjuez militar contravino estos principios, comprometiendo el deber funcional y el principio de moralidad exigido a los miembros del Ejército.
La condena a 12 meses de prisión para un suboficial del Ejército Nacional por abandonar su puesto en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad Ejepo de Bogotá ha sido confirmada en segunda instancia. La decisión, adoptada el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Superior Militar y Policial, refuerza la política de cero tolerancia frente a faltas disciplinarias en funciones críticas de seguridad.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial destacó que “es fundamental que conductas que pongan en riesgo la Disciplina y los derechos de las personas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley”. Esta declaración se suma al mensaje institucional de promover la transparencia y la integridad en el manejo de recintos bajo custodia militar.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de agosto de 2022. El suboficial, designado como Comandante de Guardia, dejó sin vigilancia las instalaciones de alta seguridad, donde permanecían privadas de la libertad personas tanto civiles como militares. La Fiscalía Militar Policial detalló en su comunicado que, por este acto, se inició una investigación coordinada entre la Fiscalía 2402 de Conocimiento y su Policía Judicial.
Como resultado de este proceso, el suboficial fue hallado responsable del delito de Abandono del Puesto. La sentencia de prisión, confirmada en la apelación, evidencia el rigor de la justicia militar ante infracciones que puedan poner en peligro la seguridad institucional.