El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos trabajadores acusados de haber fingido su propio secuestro para extorsionar a su empleador en Lima. La medida fue solicitada por el Ministerio Público, que los investiga por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un empresario del rubro de préstamos financieros.
La decisión fue obtenida por la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar - San Miguel - Pueblo Libre (Primer Despacho), a cargo del fiscal provincial Eloy Acaro López, luego de sustentar que los investigados habrían planificado un autosecuestro para exigir S/ 30.000 bajo amenazas. El caso ha generado preocupación por la modalidad empleada, en medio del incremento de denuncias por extorsión en Lima.
De acuerdo con la tesis fiscal, el pasado 24 de febrero ambos habrían fingido haber sido secuestrados. Posteriormente, enviaron videos amenazantes al propietario del negocio, identificado como Jhonathan López, en los que exigían el pago de S/ 30.000. A cambio, prometían no incendiar las motocicletas utilizadas para el servicio de préstamos ni atentar contra la vida del empresario.
Durante las diligencias, las autoridades hallaron una motocicleta abandonada en Lurín, la cual habría sido utilizada para grabar el material audiovisual con el que se pretendía sustentar el supuesto plagio. Este hallazgo, junto con testimonios que darían cuenta del presunto planeamiento del autosecuestro, fue considerado como parte de los graves y fundados elementos de convicción expuestos ante el juzgado.
El Ministerio Público sostuvo que existía peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, argumentos que fueron valorados para imponer la medida coercitiva de prisión preventiva por nueve meses mientras continúan las investigaciones.
Con esta decisión judicial, los investigados permanecerán recluidos mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La Fiscalía informó que continuará recabando pruebas relacionadas con la presunta planificación del ilícito y la participación de cada uno de los implicados en el caso.
El procedimiento inicia con la recolección de audios disponibles en internet. Los estafadores descargan videos publicados en redes sociales —historias, transmisiones en vivo o clips familiares— donde la víctima habla con claridad. Ese material es ingresado a plataformas de IA de clonación de voz, muchas de ellas de acceso gratuito, que analizan patrones sonoros. Cuanto mayor sea la cantidad de grabaciones disponibles, más realista será el resultado, ya que el sistema puede reproducir frases completas con una entonación similar a la original.
Una vez generado el audio falso, los criminales realizan llamadas a padres, abuelos u otros familiares, asegurando que la persona ha sido secuestrada y exigiendo transferencias inmediatas. La sofisticación tecnológica incrementa el nivel de credibilidad y pánico, lo que facilita que las víctimas entreguen sumas importantes de dinero creyendo que están protegiendo la integridad de un ser querido.