A horas del vencimiento de la conciliación obligatoria, el conflicto por Fate escala en simultáneo en el plano sindical y político. Mientras el Gobierno de Javier Milei analiza si concede una prórroga por cinco días a la conciliación, el gremio activó un paro nacional y anticipó nuevas acciones judiciales.
La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo se realizará este miércoles a las 11 de manera virtual. Desde la cartera laboral señalaron a este medio que la conciliación puede extenderse, aunque la decisión dependerá del resultado del encuentro. En las audiencias previas no hubo avances: la empresa ratificó su decisión de mantener paralizada la planta de Virreyes y el sindicato insistió con la reapertura inmediata y la reincorporación de todos los trabajadores.
La organización sindical sostiene que el cierre configura un incumplimiento de ese compromiso y que la firma no se encuentra en concurso ni en quiebra, sino que tomó una “decisión comercial”.
En paralelo, el sindicato adelantó que impulsará la figura de la “ocupación temporánea”, un mecanismo previsto para situaciones excepcionales que permitiría al Estado nacional o provincial intervenir la conducción de la empresa con el argumento de preservar el interés social o estratégico. El planteo gremial se apoya en que Fate es la única productora local de cubiertas radiales para camión y ómnibus, un segmento clave para el transporte de cargas y pasajeros.
Del lado empresario, la compañía sostiene que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para retomar la actividad y denunció una ocupación ilegal del establecimiento, algo que el sindicato rechaza. En las audiencias anteriores, la firma solicitó el desalojo del predio para verificar el estado de las instalaciones y afirmó que acatará plenamente la conciliación una vez que existan garantías operativas.
El conflicto también escaló al máximo nivel político. El presidente Javier Milei cuestionó este domingo en la apertura de sesiones del Congreso a los “empresarios prebendarios” y denunció la “extorsión” de dejar a más de 900 trabajadores en la calle mientras se reclamaban medidas de protección comercial para el aluminio.
La referencia apuntó directamente a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y también principal accionista de Aluar, la única productora de aluminio primario del país, cuyo grupo empresario había solicitado medidas antidumping que el Gobierno rechazó.
En la provincia de Buenos Aires también hubo gestiones paralelas. Funcionarios bonaerenses participaron de audiencias y manifestaron disposición a evaluar alternativas para sostener la continuidad productiva, aunque reconocen que el encuadre principal del conflicto es nacional.
Con la conciliación a punto de expirar y sin señales de acercamiento sustantivo entre las partes, la definición oficial sobre una eventual prórroga será determinante. Si el Gobierno decide extenderla, buscará ganar tiempo para forzar una negociación. Si no lo hace, el conflicto podría trasladarse con mayor intensidad al terreno judicial y político, en un sector atravesado por la tensión entre apertura comercial, la baja actividad y la caída del empleo.