La posible adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91), un compromiso del país con Estados Unidos por el acuerdo comercial, generó rechazo entre los productores después de que el presidente Javier Milei mencionara en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso la necesidad de modernizar el régimen de propiedad intelectual en semillas. Mientras el oficialismo y la industria sostienen que la actualización es clave para atraer inversiones y garantizar la seguridad jurídica, buena parte de las entidades de productores se opone al convenio internacional y propone, en cambio, modificar la ley de semillas vigente, que data de 1973.
Gustavo Sutter Schneider, de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que bajo Upov-91 “continúan esos derechos sobre el producto y en el subproducto” y que, para hacer uso del producto, el agricultor debería contar con una autorización clara del obtentor. “Yo compro una semilla, la siembro; el producido es mi grano. Si lo quiero volver a sembrar, tengo que tener permiso”, señaló.
Del Solar utilizó una comparación general para reflejar el otorgamiento de estos derechos: “Cuando compro una semilla es como quien compra una camioneta: pagué una vez y listo.Y la semilla es lo mismo: la pagué una vez y listo”. A su entender, permitir que el obtentor pueda negar el uso propio “cambia totalmente lo histórico, que es el productor que guarda su propia semilla”.
Desde ASA habían celebrado el anuncio presidencial. La entidad sostuvo que la adhesión a Upov91 “constituye un paso decisivo” para revertir décadas de falta de actualización normativa y que el Acta 1991, adoptada por 63 países, representa el estándar internacional en protección de obtenciones vegetales. Estados Unidos reclama estándares estrictos de protección de la propiedad intelectual.
La entidad destacó que la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y una protección efectiva de los derechos del obtentor brindarán previsibilidad y transparencia a la cadena, y demostró que sin reglas claras “seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso”.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) e integrante de CRA, afirmó: “Estamos en contra de Upov-91, entendemos que no es necesario”. Si bien reconoció que el Gobierno se comprometió a enviar el tratado al Congreso, anticipó que darán la discusión parlamentaria y que intentarán frenar cualquier ley que implique su implementación. Planteó que es posible “modificar la ley de semillas sin adherir a Upov-91”, como ocurre en Brasil, Uruguay y Paraguay, que continúan bajo el acta de 78. “Tenemos que seguir en la misma línea, adaptando algunas normas a la realidad y reconocer mejor la propiedad intelectual de los obtentores”, sostiene.
Sutter Schneider advirtió, en tanto, que el valor que se fija por genética y biotecnología “es muy alto” y que existe el riesgo de otorgar “demasiado poder al obtentor”.