El gobernador de Florida Ron DeSantis destinó 12 millones de dólares diarios de fondos estatales para abrir y operar el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz” según registros judiciales citados por el medio independiente Florida Tributary y publicados por The Guardian.La cifra expone el alto costo de una instalación levantada en una zona remota de los Everglades y envuelta en controversias políticas ambientales y judiciales. Además un cambio de postura de la administración de Donald Trump deja en duda el reembolso federal que DeSantis aseguró que estaba garantizado.De acuerdo con los documentos judiciales Florida podría quedar a cargo de al menos 608 millones de dólares vinculados al complejo de detención y deportación. El propio James Uthmeier exjefe de gabinete de DeSantis y actual fiscal general no electo del estado reconoció en una presentación ante la Justicia que la financiación federal “todavía es probable” pero no segura.El escrito fue presentado en el marco de una demanda impulsada por Amigos de los Everglades y otros grupos ambientalistas y de derechos civiles. “[Florida] asumió el riesgo (y todavía lo hace) de que la financiación federal no se materialice. Los fondos prometidos todavía son sólo 'probables'" admitieron los demandados.La discusión gira en torno a una solicitud de subvención ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Según el Departamento de Justicia los abogados revisaron las normas del programa y concluyeron que la agencia podría rechazar parte o la totalidad del pedido presentado por el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida organismo que opera el centro.Los documentos señalan que FEMA podría no reembolsar los costos de construcción e incluso negar por completo los montos solicitados. Esa interpretación contrasta con declaraciones previas de DeSantis quien en septiembre afirmó que el estado recibiría un reembolso con fondos federales según informó The Guardian.Piden el cierre del centro de detenciónLa disputa financiera se vincula con una batalla judicial que busca el cierre permanente de la cárcel. Los demandantes sostienen que la promesa de financiamiento federal activó leyes ambientales federales estrictas según The Guardian. La jueza federal Kathleen Williams coincidió con ese planteo y ordenó el cierre de las instalaciones en agosto.Sin embargo en octubre un panel de apelaciones de tres jueces bloqueó la decisión. El tribunal entendió que dado que el centro se construyó con fondos estatales las regulaciones federales no resultan aplicables. Entre los magistrados figura una jueza cuyo esposo trabaja para una firma con vínculos comerciales con la administración DeSantis según detalló The Guardian.El centro funciona en un aeropuerto remoto poco utilizado y ubicado en parte sobre tierras ancestrales de tribus indígenas. Associated Press informó que la administración estatal utilizó una orden ejecutiva y una declaración de emergencia para tomar control del predio y avanzar con la construcción. También señaló que funcionarios estatales brindaron información limitada a autoridades locales mientras ya enviaban contratistas seleccionados.Organizaciones ambientalistas denuncian impactos sobre la Reserva Nacional Big Cypress y los Everglades. “Este centro fue planeado construido y operado en secreto” afirmó Eve Samples directora ejecutiva de Friends of the Everglades en declaraciones citadas por el medio británico.Mientras tanto críticos cuestionan la adjudicación de contratos sin licitación a aliados políticos del gobernador. Desde la apertura del centro en julio grupos de defensa realizaron vigilias semanales en el lugar.
