La investigación se inició el 27 de febrero, después de que el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba avisara a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraría una de las pacientes que acudían al establecimiento.
De acuerdo con la información publicada por Diario Época, la declaración realizada desde la institución bastó para que sospecharan de la posibilidad de que la joven hubiera sido captada mediante engaños. Por este motivo, el expediente quedó bajo investigación de la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, quien dispuso medidas urgentes.
Como resultado de las primeras averiguaciones, los agentes confirmaron que la pareja residía en la ciudad de Resistencia desde hace aproximadamente un año en un inmueble alquilado y que había adquirido pasajes de ómnibus para el 4 de marzo.
A pesar de que se verificó que el acompañante extranjero contaba con residencia legal y no presentaba impedimentos judiciales, se emitió una orden judicial para que la joven y su madre fueran trasladadas a sede judicial para garantizar su protección y evitar que concretaran el viaje.
La decisión se tomó poco después de que las autoridades entrevistaran a los familiares de la paciente, quienes expresaron su rotunda negativa a que viajara hacia el norte del país.
Una adolescente de 15 años fue rescatada la semana pasada durante un operativo en la Ruta Nacional 9, luego de que se detectara que intentaban trasladarla sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en estado de somnolencia.
La intervención se desencadenó tras el aviso de un pasajero, lo que llevó a la detención de J. J. M. E. y su madre, E. M. E. C., cuya situación fue corroborada y judicializada por la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados por el delito de trata de personas.
El micro había partido desde Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo al norte argentino. Durante el trayecto, un pasajero observó que una joven, aparentando ser menor de edad, viajaba acompañada por dos adultos cuyos comportamientos le resultaron alarmantes.
La actitud de uno de los acompañantes, un hombre que besaba y abrazaba a la adolescente —quien permanecía oculta bajo una gorra y una capucha— llamó la atención del testigo. Asimismo, este pasajero relató posteriormente que el adulto presionaba "para que esté callada” y que intentaba impedir que la joven hablara o mostrara el rostro. “No le dejaban que se le vea la cara”, indicó antes de alertar a la Gendarmería Nacional.
Cuando el micro fue interceptado en el kilómetro 152 de la ruta, las autoridades revisaron el listado de pasajeros y confirmaron que la adolescente no figuraba en los registros. Tampoco tenía pasaje, equipaje ni documentaciones que certificaran su identidad.
Durante la intervención, los gendarmes constataron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultó sostener un diálogo coherente o mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Inicialmente, la adolescente aseguró ser mayor de edad, luego afirmó tener 17 años y aportó un nombre falso, presentando incluso un certificado de discapacidad que pertenecía a otra persona.
Una de las agentes de Gendarmería detalló en su declaración judicial que la menor estaba tan dormida que fue complicado despertarla. A cada pregunta, el hombre que la acompañaba intervenía para responder por ella. La joven, en los pocos momentos en que pudo dirigirse directamente a los agentes, miraba de forma reiterada al imputado antes de contestar.
Finalmente, en una entrevista realizada en privado, la adolescente confesó que tenía 15 años y que estaba siendo llevada hacia Perú para transportar droga. Explicó que residía en situación de calle junto a su madre y que le ofrecieron dinero, una vivienda y un auto si accedía a ser parta de la maniobra. Más tarde, esas promesas se transformaron en amenazas cuando se negó.
El expediente judicial incluyó informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que identificaron movimientos migratorios irregulares de los acusados hacia y desde Perú, lo que reforzó la hipótesis de una red criminal transnacional.
Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el contexto en que fue encontrada la menor, sumado a la intervención espontánea del pasajero denunciante y el relato individualizado de la víctima, se constituyó como “indicios suficientes de un intento de trata agravada”.