La esperada decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la continuidad de la candidatura de James Mosquera, conocido como El Bocachico, a la Curul de Paz Citrep 6 por Chocó mantiene en suspenso el futuro de la representación política de las víctimas del conflicto en la región. El expediente, presentado por el líder Léiner Palacios, contiene denuncias por aparente aval irregular, posible falsedad documental y reclamos de la comunidad afrodescendiente.
La aspiración de Mosquera está en riesgo inminente de ser anulada debido a los señalamientos de que el aval fue emitido por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman), municipio de más de 10.000 habitantes, sin tener el respaldo formal de la asamblea general. Además, sobre el actual representante a la Cámara, que busca su reelección, se conocieron, como se mencionaba, señalamientos por falsedad en documentos, y el desconocimiento popular.
Las comunidades afrodescendientes exigen que el CNE actúe con rapidez y legitimidad, ya que consideran que está en juego el derecho de las víctimas a una representación auténtica en la Curul de Paz. En ese sentido, las denuncias alimentan la controversia en torno a la candidatura por la acumulación de múltiples solicitudes de nulidad presentadas ante el organismo, en las que se señala que el aval no habría cumplido con los requisitos reglamentarios.
Además, a esto se suma que Mosquera no habría contado con la validación de la autoridad máxima de Cocoman. A esto se suma una investigación paralela ante la Corte Suprema de Justicia sobre la autenticidad de los documentos que acreditan a Mosquera como víctima del conflicto, un requisito esencial para este cargo; pues fue creado exclusivamente para los actores políticos y sociales que han sufrido, en carne propia, los horrores de la confrontación en el país.
En el acta oficial de su asamblea, efectuada el 11 de octubre de 2025, el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita consignó su rechazo al aval de Mosquera. “El señor James Hermenegildo Mosquera Torres no cumple los requisitos establecidos (…) ya que no ha sido acreditado su nacimiento, residencia o permanencia continua en alguna de las comunidades pertenecientes al consejo comunitario mayor”, señala el documento, conocido por Infobae Colombia.
En este encuentro se remarcó que la certificación utilizada para inscribir a Mosquera como candidato fue expedida sin el consenso de la Asamblea General ni de la Junta Directiva, “constituyendo una violación flagrante al debido proceso y a los principios de legalidad y transparencia que rigen la conformación de los miembros del Consejo Comunitario”. La comunidad advirtió, además, sobre hechos “que configuran acto fraudulento y asalto a la buena fe de la comunidad”.
En consecuencia, el acta finaliza con la decisión de revocar el aval a Mosquera. “La Asamblea General (…) declara la revocación del aval otorgado al señor James Hermenegildo Mosquera Torres, en virtud de incumplimiento de requisitos normativos, procedimentales y de la ocurrencia de actos fraudulentos”. De esta manera, se opusieron a que el actual aspirante por la Citrep 6 tenga un nuevo periodo, para el cual se presentará en los comicios del 8 de marzo.
Palacios, en ese orden de ideas, expresó su expectativa ante una inminente decisión judicial. “Con gran esperanza, las víctimas del conflicto armado recibimos la noticia de que las autoridades judiciales por fin van a actuar”, aseguró. Y reiteró la necesidad de corregir los errores en la Circunscripción Especial de Paz, que a su juicio “se eligió de manera fraudulenta en el periodo anterior”, con lo que agregó que espera que se “evite que perdamos cuatro años más”.
No obstante, expresó preocupación por la demora en los organismos de control, pues el proceso, a cargo del magistrado Álvaro Hernán Prada, ha tenido un trámite lento, tanto en la Corte Suprema como en el Consejo Nacional Electoral. “Las víctimas merecen claridad y no pueden llegar a elecciones con esta incertidumbre sobre la mesa”, afirmó el líder social en sus reclamos de que este trámite, además de ágil, sea transparente para la legitimidad de las curules de paz.