Sin embargo, para quienes litigamos en la parte privada y recorremos las “trincheras“ de los tribunales, la pregunta no es qué dice la ley, sino, cómo se aplicará en un caso práctico, una vez que tales situaciones, se vean plasmadas en un juicio.
En los pasillos de Tribunales se observan estos cambios con preocupación. Existe una tensión entre la teoría legislativa y la praxis judicial, que puede transformarse en una nueva trampa de inseguridad jurídica. La reforma otorga flexibilidad, pero esa libertad de pacto —como los acuerdos individuales sobre los convenios colectivos— será puesta a prueba bajo el microscopio de jueces que podrían declarar la inconstitucionalidad de estos nuevos institutos, en casos particulares traídos a su competencia y jurisdicción.
El riesgo es claro: si un empresario decide implementar el nuevo banco de horas o contratar bajo la figura de colaborador independiente en plataformas digitales, necesita la certeza de que, ante un reclamo, el criterio judicial será uniforme.
Ante esta situación, podría configurarse en la práctica, cierta volatilidad en los fallos. Recordemos que, sin seguridad jurídica, la reducción del costo indemnizatorio y la ampliación de los períodos de prueba corren el riesgo de ser solo “letra muerta”.
Quizás, la denominada modernización del empleo que impulsa el Gobierno es necesaria para adaptar a la Argentina a la dinámica global; pero también es cierto, que esa modernización laboral debe alinearse a nuestra Constitución Nacional y al Derecho Convencional, también, ser cuidadosa con los derechos adquiridos.
Es un debate, que todavía está abierto, ya que, para que la dirección del Gobierno sea efectiva, el Poder Judicial debe acompañar o no los cambios legislativos propuestos; ello porque, en definitiva, tendrá la última palabra respecto al control de constitucionalidad, en nuestro sistema difuso de control.