La política de gestión urbana impulsada por el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, generó una fuerte controversia en torno al futuro de la empresa Dioxitek S.A.. Tras calificar como “inadmisible” el pedido de prórroga de ocho años para la operatividad de la planta ubicada en el barrio de Alta Córdoba, distintos sectores advirtieron que la medida no solo impactaría en una habilitación administrativa, sino que podría derivar en la pérdida de alrededor de 150 puestos de trabajo especializados. El punto más crítico, según señalan fuentes vinculadas al sector nuclear, es que la decisión se produce sin que exista una alternativa inmediata para trasladar la producción, lo que deja a los trabajadores en medio de una disputa política entre el municipio y el Gobierno nacional por el manejo de recursos y responsabilidades institucionales. Para dimensionar el impacto de un eventual cierre de la planta cordobesa, especialistas subrayan el rol estratégico que cumple la compañía. Dioxitek es una sociedad anónima con participación estatal integrada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ministerio de Economía de la Nación y la provincia de Mendoza. De acuerdo con especialistas del sector, si la producción se interrumpiera, el ciclo del combustible nuclear argentino se vería afectado y el país podría verse obligado a importar ese insumo estratégico desde el exterior. En ese escenario, Argentina perdería parte de la autonomía tecnológica que construyó durante décadas en materia nuclear. Durante 2025, la planta registró un récord de producción cercano a las 190 toneladas, un dato que, según fuentes de la industria, evidencia que el debate actual no responde a limitaciones técnicas ni productivas, sino a una disputa política e institucional sobre su continuidad. Detrás del conflicto administrativo también aparece un fuerte impacto social. Alrededor de 150 empleados de la empresa enfrentan un escenario de incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Se trata, en su mayoría, de técnicos nucleares, químicos y profesionales altamente especializados en procesos vinculados con la seguridad radiológica industrial. Desde el sector advierten que la eventual pérdida de ese capital humano implicaría un daño difícil de revertir para la industria nuclear local. “Si la planta se clausura, no se reordena; se cierra”, señalan fuentes vinculadas al sector. Además del impacto directo sobre los trabajadores, el eventual cierre también afectaría a una red de pymes proveedoras radicadas principalmente en Córdoba y Mendoza. Desde el municipio sostienen que la planta debería trasladarse a la provincia de Formosa. Sin embargo, distintas voces del sector energético remarcan que la nueva instalación aún no se encuentra finalizada. Por ese motivo, el pedido de prórroga por ocho años buscaba, según la empresa, garantizar el tiempo técnico necesario para completar la obra en el norte del país y realizar una transición gradual de las operaciones. Quienes cuestionan la decisión municipal sostienen que negar ese plazo podría empujar a la empresa al cese de actividades antes de que exista una alternativa operativa. También recuerdan que la planta funcionó durante décadas en el mismo predio bajo supervisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo encargado de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad radiológica. El debate en torno a la continuidad de Dioxitek combina cuestiones ambientales, laborales y estratégicas para el desarrollo tecnológico del país. Para los trabajadores y parte del sector nuclear, la discusión excede la disputa administrativa y plantea un interrogante más amplio sobre el futuro de una industria que forma parte del entramado científico e industrial argentino desde hace décadas. En ese contexto, advierten que una eventual interrupción de la actividad no solo implicaría la pérdida de empleos calificados, sino también el riesgo de afectar un eslabón clave del ciclo nuclear argentino, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá del barrio de Alta Córdoba.
