La representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó el proceso de fusión entre las empresas de telecomunicaciones Tigo y Movistar, al que calificó como una “masacre laboral”. La congresista también señaló que la responsabilidad política recae en el gobierno del presidente Gustavo Petro, por haber permitido la operación empresarial.
Las declaraciones de Pedraza se dieron a conocer a través de sus redes sociales, en respuesta a un pronunciamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien se refirió al proceso laboral derivado de la integración entre ambas compañías.
En su mensaje, la congresista afirmó que había advertido previamente sobre las consecuencias laborales que podría traer la integración entre las compañías.
“Ministro, yo advertí que esta masacre laboral era lo primero que pasaría con la autorización de la fusión Tigo–Movistar que su propio Gobierno entregó, consolidando un duopolio en las telecomunicaciones”, escribió Pedraza.
En su pronunciamiento también cuestionó la concentración del mercado, especialmente en servicios clave. “Planes de voz y datos, y el peor: concentrar más la fibra óptica”, agregó la representante al referirse al impacto que, a su juicio, tendría la operación empresarial en el sector.
La congresista además criticó lo que considera una reacción tardía del Gobierno frente a las implicaciones laborales del proceso.
“Ahora no se las den de defensores de los trabajadores de Movistar”, señaló en su mensaje dirigido al ministro Sanguino.
Pedraza también cuestionó el papel de las entidades que intervinieron en la autorización de la operación empresarial.
En su publicación, aseguró que la decisión fue permitida por el Gobierno nacional y por organismos regulatorios del sector, a los que acusó de no actuar frente a las posibles consecuencias.
“El problema estructural es la fusión en sí misma, autorizada por Cielo Rusinque tirándole la pelota a la CRC, en la que también hay representación del Gobierno y no hace nada”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que el impacto de esta decisión podría afectar a otras compañías del sector, incluidas empresas públicas.
“Lo que viene es la crisis de las empresas públicas de telecomunicaciones como ETB, y la responsabilidad política es de Gustavo Petro”, aseguró.
El comunicado dirigido a los empleados de Movistar detalló que el PRV contemplaba una bonificación de retiro equivalente a treinta días de salario por cada año completo trabajado, o fracción superior a seis meses, y quince días para fracciones menores. La participación fue presentada como completamente libre y voluntaria, con la evaluación de cada caso por parte de un comité interno.
Frente a la controversia, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Gobierno activó labores de inspección, vigilancia y control a partir de las querellas recibidas.
“Es nuestra responsabilidad, desde el Gobierno Nacional, garantizar que el Plan de Retiro Voluntario, en el marco del proceso de recomposición empresarial derivado de la fusión entre Movistar y Tigo, se adelante con pleno apego a la ley”, publicó Sanguino en sus redes sociales. Además, destacó la conformación de una mesa de diálogo social tripartito, con participación de trabajadores, empresas y el Ministerio de Hacienda, para velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
El proceso de integración empresarial incluyó el envío de comunicaciones a empleados de Movistar, ofreciéndoles la oportunidad de acogerse al retiro voluntario. El documento enfatizaba que la medida respondía a la necesidad de construir una organización sostenible y adaptada a los retos futuros. El plazo para postularse al PRV se fijó entre el pasado 25 y 27 de febrero, con la promesa de “transparencia, respeto y acompañamiento permanente”.
El Ministerio del Trabajo anunció que mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del Plan de Retiro Voluntario y el proceso de recomposición empresarial. Se prevé que las mesas de diálogo incluyan a representantes de los trabajadores, empresas y entidades estatales para monitorear el cumplimiento de las normas laborales.