El Gobierno prepara el nuevo escudo social para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio, pero todavía no tiene la fórmula para hacerlo prosperar en el Congreso. Los efectos del bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz ya se han traducido en subidas del gas y el petróleo, que podrían disparar la factura energética. También amenazan con aumentar los precios de la cesta de la compra. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la subida puede ser fuerte “por el efecto dominó del transporte”, aunque alerta que la repercusión “se verá en las próximas semanas”. Y en este contexto, el ala socialista del Ejecutivo mantiene prudencia a la espera de ver el alcance del conflicto, mientras el socio minoritario presiona para aprobar medidas concretas porque “los efectos ya se notan”. Países europeos como Croacia ya han tomado sus propias medidas para hacer frente al encarecimiento del petróleo y el gas, aprobando un tope al precio de los combustibles. “No basta con el ‘no a la guerra’, ya llegamos tarde. Si fuera por nuestra parte, este mismo martes ya hubiésemos traído algo”, insisten fuentes de la coalición plurinacional. La receta del Ejecutivo es el escudo social, el viejo decreto anticrisis cuya convalidación ya ha fracasado dos veces en el Congreso por el rechazo de Junts, PP y Vox a determinadas medidas. Y ese es uno de los motivos por los que el PSOE ha pisado el freno. El debate interno en Moncloa no solo está en qué medidas incorporará este nuevo escudo social, sino en la forma de aprobarlo, dado que el Gobierno no tiene mayoría absoluta. De hacerlo de manera integral, como ya se ha planteado en las últimas votaciones, el decreto debe aprobarse en el Congreso a los 30 días de su aprobación en Consejo de Ministros. De fracasar en la Cámara Baja, debería volver a repetirse este proceso. Desde que fracasara el último intento del Ejecutivo, la conversación entre Moncloa y sus aliados todavía no había tomado forma de negociación. Al menos hasta este martes. El presidente del Gobierno ha convocado a todos los grupos políticos -a excepción de Vox- y los agentes sociales para abordar cuál es la fórmula del éxito. Los grupos ya han dejado algunas ideas: El escudo reforzado de Sumar “Juntos, por separado, ¡como sea!”, afirmó la portavoz de Compomís por el ala de Més, Àgueda Micó, en una rueda de prensa en el Congreso. La intención es presentarlo todo en su conjunto, pero “si se hace el escudo social a parches, pues que se haga”, secundó el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, quien sugirió que, en caso de que el contexto lo exija, el Gobierno debería promover hasta “doce decretos” diferentes, reiterando que la magnitud de la emergencia justifica un esfuerzo legislativo extraordinario. Sumar ha instado a su socio mayoritario a presentar las iniciativas del último escudo social, añadiendo además las propuestas que “funcionaron” en pasados decretos anticrisis, pero que posteriormente fueron retiradas. La coalición de Yolanda Díaz ha hecho especial hincapié en la congelación de los alquileres para las familias vulnerables, una medida que, afirman, “era necesaria antes, pero ahora es urgente”. La portavoz de los comunes, Aina Vidal, pidió también rescatar la excepción ibérica, el mecanismo con el que España y Portugal aplicaron un tope al precio del gas cuando se disparó en 2022 por la guerra en Ucrania. “Hay que intervenir el precio de la energía y el transporte. Iberdrola, Naturgy y Repsol registran beneficios de 11.300 millones de euros”, ha criticado. Sumar plantea también imponer un impuesto “inteligente” a los grandes supermercados que facturen más de 100 millones. Una medida que, defiende Sumar, “corregiría los comportamientos abusivos” en los precios de alimentos. “Hoy vamos a saber que empresas como Mercadona tuvieron un incremento de los beneficios históricos”, afirmó Ibañez horas antes de que el presidente de Mercadona, Juan Roig, anunciase un beneficio histórico. Otra de las medidas más controvertidas ha sido la propuesta de recuperar los fertilizantes rusos, productos que figuran actualmente en las sanciones de la UE como castigo a la invasión rusa a Ucrania. Fuentes de Sumar explican que las restricciones a estos productos, más el bloqueo de la ruta que atraviesa Ormuz, deja sin opciones a los agricultores, quienes ya estiman que la guerra les supondrá un sobrecoste anual de 890 millones de euros. El plan anti-Trump de Podemos La formación que lidera Ione Belarra ha criticado que el PSOE “va con el freno de mano echado” y presentó su propia batería de medidas aglutinadas en su plan anti-Trump. Entre las medidas que propone, Podemos ha propuesto asegurar servicios fundamentales bajo gestión pública, argumentando que esto garantiza tanto la seguridad como la justicia social frente a políticas ligadas al expresidente estadounidense. Podemos ha insistido en recuperar los sectores estratégicos mediante la creación de una empresa pública de energía a partir de la nacionalización de Repsol, así como restablecer la banca pública y expropiar viviendas gestionadas por fondos especulativos estadounidenses. “Trump solo entiende el lenguaje del dinero, y hay que golpearle donde más le duele, su dinero y el de sus amigos superricos”, afirmó Belarra. El paquete de medidas incluye también la propuesta de una distribuidora pública de alimentos que daría al Estado el control sobre el precio de productos esenciales, señalando los elevados beneficios de empresas como la encabezada por Juan Roig. Todas estas iniciativas forman parte de una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados. El plan fiscal de Feijóo El Partido Popular, por su parte, planea registrar en el Congreso una batería de medidas para “frenar” la escalada de precios de la energía y “recuperar el poder adquisitivo de las familias”. “El ‘no a la guerra’ no va a hacer que la gente llegue a fin de mes. “Hacen falta medidas serias”, ha severado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. En esta línea, el partido de Alberto Núñez Feijóo plantea duplicar los mínimos vitales para la deducción del IRPF por hijo a cargo y por la actualización de los tramos, una medida que, calculan desde Génova, pretende ahorrar hasta 200 euros por progenitor. Respecto a las medidas para frenar la escalada de los precios de la energía, el primer partido de la oposición propone una bajada del 10% en el IVA del gas y derivados del petróleo y de todos los derivados mientras dure la guerra, así como la supresión del impuesto de generación eléctrica. Sobre los derivados del petróleo, el PP admite que España tiene que solicitar autorización a la UE. Si eso no se puede hacer, proponen una reducción especial en el precio de venta al público, que sea igual a la disminución del IVA del 21% al 10%. Juan Roig también tiene un plan Al margen de la discusión del hemiciclo, el mencionado Juan Roig también ha urgido al Gobierno a aprobar acciones rápidas para frenar la escalada de precios. La receta del que es uno de los hombres más ricos de nuestro país apoya la idea de eliminar el IVA sobre productos alimentarios como respuesta a las posibles consecuencias del conflicto en Irán. Durante la presentación de resultados anuales de la empresa, Roig ha insistido en que, si los gobiernos de España y Portugal decidiesen impulsar esa medida, favorecería a la distribución y aliviaría el impacto de las materias primas en el precio final de los productos.
