La Sindicatura General de la Nación (SIGEN)detectó que abogados dependientes de Corredores Viales S.A. intervinieron en juicios ejecutivos sin defender adecuadamente al Estado y, en tres causas, cobraron honorarios prohibidos por ley, situación que derivó en la transferencia de $66.227.732,57 desde fondos públicos a cuentas personales de los profesionales implicados. El perjuicio fiscal atribuido por estos y otros procesos auditados por el organismo supera los 4.664 millones de pesos entre todos los juicios revisados.
Corredores Viales S. A. es la empresa estatal que administra los corredores viales bajo la tutela del Estado. Con más de cuatro mil empleados, gestiona diez tramos viales a lo largo de aproximadamente 6.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. Su cobertura abarca las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, e incluye el Acceso Riccheri, que conecta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus funciones principales se encuentran el mantenimiento y la operación de rutas, el cobro de peajes y la prestación de servicios al usuario, como auxilio y control de cargas.
Ante la situación que detectó la SIGEN, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo.
La muestra auditada incluyó el 53,17% del monto total de litigios donde la empresa figura como parte, abarcando 23 causas activas al 31 de diciembre de 2024. El monto reclamado en los cinco principales procesos ejecutivos en revisión se aproxima a 2.500 millones de pesos. En uno de los expedientes, la empresa ICF S.A. inició un reclamo de $590.572.807,38, que terminó convertido en una liquidación final reconocida judicialmente de $1.206.120.939,69.
El informe de la Sindicatura General de la Nación señala que la actuación de los abogados internos de Corredores Viales S. A.fue “inadecuada para la defensa de los intereses de la sociedad” en al menos cuatro procesos ejecutivos. Los auditores verificaron que los representantes estatales presentaron allanamientos sin autorización expresa, omitieron oponer defensas y no invocaron la inembargabilidad de fondos públicos, como exige la Ley 24.624. Además, evitaron responder los traslados de las liquidaciones hechas por la contraparte.
En los expedientes COM 023443/2023, COM 025440/2023, COM 004033/2024 y COM 004144/2024 —relacionados con el impago de facturas MIPyME— los profesionales de Corredores Viales S. A. no invocaron la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que determina que no deben prosperar acciones ejecutivas contra el Estado Nacional o sus entes y, ante cualquier reclamo, corresponde primero la intimación de pago.
Al no solicitar la aplicación de la inembargabilidad de fondos públicos, los jueces en varias sentencias desestimaron los allanamientos de la defensa estatal y, en todos los casos, impusieron costas procesales íntegramente a cargo de la sociedad anónima estatal.
La SIGEN acreditó que, tras condenas y costas a favor de las contrapartes, abogados empleados de CVSA solicitaron y habrían recibido honorarios regulados a su favor, logrando transferencias directas de fondos públicos a sus cuentas personales.
De acuerdo con el informe de la SIGEN, al que accedió Infobae, estas percepciones infringen el Decreto N° 34.952/47, reglamentario de la Ley N° 12.954, y el artículo 7° del Decreto N° 1204/01, que prohíben a abogados estatales percibir honorarios si no provienen de la parte contraria, y no del propio organismo estatal. También la Ley N° 27.423 impide el cobro cuando el profesional está bajo relación de dependencia, salvo circunstancias que no aplicaron en estos casos.
Ninguno de los expedientes auditados mostró evidencia de autorizaciones expresas para los allanamientos ni para la transferencia de honorarios. El informe final advierte sobre la afectación directa al patrimonio de Corredores Viales S.A. y recomienda delimitar responsabilidades administrativas para determinar la existencia de perjuicio fiscal, además de ordenar la recuperación de las sumas y dar intervención a la Oficina Anticorrupción.
Corredores Viales S.A. opera como sociedad anónima con capital estatal, bajo la órbita del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. Al cierre de 2024, la entidad tenía 85 causas judiciales activas, siendo demandada en el 98% de los casos. El monto total inicial reclamado alcanzaba $4.664.856.784,14.
En todos los expedientes auditados, la falta de defensas eficaces, controles jerárquicos y supervisión sobre los abogados estatales produjo los perjuicios observados. La SIGEN recomendó adoptar medidas urgentes para asegurar una gestión jerárquica eficiente y la estricta observancia de la normativa vigente en materia judicial.
El desorden administrativo derivó en la intervención de Corredores Viales S.A. resuelta por el presidente Javier Milei, y en la denuncia penal instruida por Lijo. En paralelo, el Gobierno inició la privatización de la empresa, con el objetivo de su disolución.
Los informes de la SIGEN provocaron una rápida reacción pública. Jorge Zatloukal, director ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), reclamó la disolución de Corredores Viales S.A. y la devolución de sus funciones a la Dirección Nacional de Vialidad.
Zatloukal afirmó: “Corredores viales S.A. debe ser disuelta: es una estructura cara y sin funciones, un agujero negro por donde se escurren miles de millones”. En ese sentido, agregó que es necesario restituir las funciones de mantenimiento a Vialidad Nacional, organismo que sí cuenta con una estructura adecuada.
El representante de CONADUV destacó la crítica situación de las rutas y la ausencia de contraprestación al pago de peajes, subrayando: “Las rutas están en pésimo estado, no hay contraprestación por el peaje abonado” y remarcó la ausencia de un ente regulador, lo que expone a los usuarios y al interés público: “La indefensión de los usuarios y el descuido del interés público es total”.
Finalmente, Zatloukal advirtió: “Algunas empresas que estuvieron mencionadas en los famosos cuadernos se van quedando con concesiones”, una situación preocupante debido a que la investigación judicial sobre esas adjudicaciones todavía no concluyó.