En el último capítulo de la megacausa por corrupción judicial que sacudió a Mendoza, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Jaime Andrés Alba Nortes, uno de los abogados de la estructura criminal liderada por el exjuez federal Walter Bento. La decisión, que lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisible el último recurso de la defensa, cerrando así el cerco judicial sobre quien intentó amedrentar al fiscal de la causa, Dante Vega.
Alba, quien ya fue condenado a siete años de prisión como organizador de la asociación ilícita que cobraba sobornos a narcotraficantes y contrabandistas, sumó esta condena paralela por amenazas coactivas. El caso se desprendió del juicio principal tras conocerse grabaciones escalofriantes donde el abogado detallaba sus planes criminales contra el funcionario judicial que lo investigaba.
Las pruebas contra Alba fueron contundentes y surgieron de diálogos mantenidos en 2021 con un informante policial, Enzo Diego Stuto. En esas charlas, el abogado no solo manifestaba su odio hacia el fiscal Vega, sino que alardeaba de haber adquirido armamento para eliminarlo. “Compré un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega”, fue una de las frases que activó las alarmas del tribunal.
En otras grabaciones incorporadas al expediente, el tono de Alba subía de intensidad.“Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega”. Incluso dio detalles de la logística y el costo de la operación: “Lo voy a mandar a saetear, compré un fusil, sete, setenta lucas, un trescientos ocho... compré para que lo maten, te lo juro por mis hijos”. Pese a que el abogado intentó defenderse alegando que se trataba de una “charla privada” y que sabía que su interlocutor era un informante, la jueza Susana Pravata y luego la Cámara de Casación ratificaron la gravedad del hecho.
Esta condena firme se da en el marco del desbaratamiento final del "clan Bento". El exjuez Walter Ricardo Bento fue condenado a 18 años de prisión e inhabilitación perpetua tras ser hallado culpable de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales. El tribunal consideró probado que Bento era el "jefe" y "el número 1" de una organización que movilizó al menos 1,7 millones de dólares en sobornos.
En 2022, mientras la causa avanzaba, Clarín advertía sobre las maniobras para proteger al entonces poderoso juez mendocino. Se reveló en aquel momento que, pese a estar procesado como jefe de una asociación ilícita y tener un pedido de prisión preventiva, el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura le permitía a Bento seguir concursando para cargos de mayor jerarquía, como una vocalía en la Cámara Federal de Casación Penal.
La gravedad institucional de que la diputada oficialista Vanesa Siley no excluyera a Bento del concurso, ignorando que el juez ya tenía un procesamiento firme por delitos dolosos, fue denunciada por Clarín. Aquella "protección política", que incluía el recuerdo de cómo el kirchnerismo lo salvó de un juicio político en 2012 tras su polémico allanamiento a Cablevisión, finalmente no pudo frenar el avance de la justicia penal
Hoy, con Bento y su abogado Alba condenados con sentencia firme por la Corte Suprema, el caso cierra uno de los episodios sobre los que los argentinos no quisiéramos tener que volver a escuchar.