La petición se produce tras la decisión del gobierno chileno de implementar el programa “Escudo Fronterizo”, que contempla la construcción de barreras físicas y zanjas en los sectores críticos de la línea limítrofe.
El oficio, remitido el 13 de marzo al presidente José María Balcázar, plantea la necesidad de “acciones concretas orientadas a reforzar el control y la vigilancia en nuestra frontera, en salvaguarda de la seguridad, el orden y los intereses del Estado peruano”.
La preocupación en Tacna se intensificó después de que el presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenara al Ejército de su país el despliegue de maquinaria pesada para instalar nuevas infraestructuras de contención.
El despliegue en la frontera implica una combinación de recursos: excavación de zanjas de hasta tres metros de profundidad, construcción de muros y cercos, refuerzo de vigilancia con drones y sensores, así como el aumento de efectivos militares.
El plan prevé la instalación de centros de internación para migrantes irregulares y la modernización de los sistemas de monitoreo, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército de Chile.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, advirtió durante una conferencia de prensa que el gobierno peruano “tomará medidas si considera que las obras y el despliegue militar en la frontera afectan la seguridad nacional”.
El Ejecutivo ha solicitado un informe al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sobre las opciones diplomáticas y de seguridad que podrían adoptarse ante el avance del plan chileno.
El documento enviado desde Tacna enfatiza la importancia de mantener una política fronteriza sólida, subrayando que “resulta fundamental prevenir el tránsito irregular de personas, así como garantizar el respeto a la normativa migratoria, el orden interno y la seguridad nacional”.
El “Plan Escudo Fronterizo” contempla también la creación del cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, que será ocupado por Alberto Soto y coordinará el control migratorio en los puntos de mayor flujo.
El gobierno chileno planea mantener un contingente de al menos 3.000 uniformados en labores de vigilancia y apoyo para eliminar pasos no habilitados, con la expectativa de duplicar la presencia en las próximas semanas. El monitoreo de la frontera se reforzará con cámaras térmicas, sensores y sistemas de identificación biométrica, herramientas destinadas a detectar cruces no autorizados y combatir delitos como el tráfico de personas y el contrabando.