En una resolución de casi mil páginas, del Tribunal Oral Federal 7 fundamentó las condenas a 4 años de prisión al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a 3 años y 6 meses a su mano derecha, Roberto Baratta, entre otros, en la causa por los pagos indebidos por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2009 y destacó el rol clave de este último.

El fallo firmado por los miembros del TOF 7 German Castelli, Fernando Canero y Enrique Mendez Signori, sobre la acusación de la fiscal Fabiana León reconstruye el papel central que tuvo Baratta, entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación y titular de la Unidad Ejecutora del Programa Energía Total (PET). Además, deberá devolver en forma solidaria casi 5 millones de dólares al Estado.

Según el expediente, Baratta ocupó una posición estratégica dentro del esquema que reguló la compra de 11 cargamentos de GNL por parte del gobierno de Cristina Kirchner, varios de ellos a través de intermediarios privados cuya participación no fue justificada.

Estos fundamentos complican a Baratta que se encuentra libre mientras se realiza el juicio por los Cuadernos de las Coimas donde también tuvo el rol del principal recaudador de coimas de Cristina Kirchner. Además, está procesado en la causa por la contratación de la turbina de Río Turbio (YCRT), en la causa Odebrecht – obras de AySA (planta Paraná de las Palmas y otra), por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. Además, tiene otro procesamiento por el desvío de 53 millones de pesos de la caja chica de Planificación.

En los últimos años, Baratta fue uno de los organizadores del Operativo Puf contra los Cuadernos de las Coimas y se probó que manejaba a un grupo de Whatsapp de periodistas para ir contra sus rivales. Había empezado como taxista del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y terminó con un enorme poder.

También fBaratta fue director titular por el Estado nacional en el directorio de YPF durante parte de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner.

De acuerdo a la resolución del TOF 7, Baratta dictó normas claves para el funcionamiento del PET —como la Disposición 30/2008 y la Instrucción 932/2008— que definieron cómo debía actuar ENARSA, la empresa estetal designada como unidad operativa del programa. También intervino en las negociaciones de los contratos más sensibles: el firmado entre ENARSA e YPF el 13 de marzo de 2008, y el acuerdo con Repsol Comercializadora de Gas del 4 de abril del mismo año. Ambos instrumentos habilitaron compras directas de GNL y contemplaron el pago de doble comisiones que luego serían objeto de cuestionamiento.

El tribunal recoge correos electrónicos que revelan que Baratta seguía en tiempo real las gestiones con las intermediarias Contrater Consulting, Diligentia y Dysan, firmas que percibieron más de seis millones de dólares en comisiones.

Los mails que lo comprometen

En varios de esos intercambios —fechados entre junio y agosto de 2008— aparece copiado o mencionado directamente, lo que para la fiscalía demuestra conocimiento y supervisión de un mecanismo que prescindió de licitaciones, procesos competitivos o verificaciones sobre la razonabilidad de los costos.

La acusación sostiene que Baratta incumplió su rol de garante al no impedir, corregir ni controlar las contrataciones realizadas por ENARSA, pese a que las normas del propio PET lo obligaban a hacerlo. Se le reprocha haber permitido la intervención de intermediarios sin antecedentes como los Dromi, no haber dictado la reglamentación necesaria en tiempo oportuno y haber convalidado un procedimiento que generó un perjuicio millonario al Estado.

El TOF 7 destaca que Baratta tenía facultades y responsabilidad para controlar la operatoria y que participó activamente en los contratos clave. Su rol —por acción y omisión— es considerado parte del entramado que habilitó la intervención de intermediarios y el pago de comisiones cuestionadas en la causa.

Los fundamentos destacan que “seis de los cargamentos fueron provistos por Repsol Comercializadora de Gas S.A., que percibió la correspondiente comisión por concepto de “gestión y comercialización”. No obstante ello, YPF S.A. —perteneciente al mismo grupo societario— cobró idéntico concepto por las mismas operaciones, al menos respecto de tres buques, conforme se detallará más adelante”.

Por su parte, los cinco cargamentos de GNL “restantes se concretaron durante el año 2009, sin que mediara un procedimiento competitivo de contratación, y a partir del espurio contrato celebrado entre ENARSA y Contrater Consulting S.L., en el que Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino intervinieron solapadamente desde su génesis, circunstancia que posteriormente les permitió adquirir una intervención pública mediante una cesión de derechos y un contrato”.

En lo que respecta a las empresas Dysan y Diligentia —representadas por Roberto Nicolás Dromi San Martino y Roberto Dromi (fallecido) “quedó acreditado que percibieron fraudulentamente comisiones indebidas por un total de USD 4.791.600, con motivo de la descarga, durante el año 2009, de tres buques de GNL provistos por Morgan Stanley en el puerto de Bahía Blanca, todo ello en connivencia y coordinación con Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta y Exequiel Omar Espinosa (fallecido).

Cómo siguió las compras sin licitación

A pesar de que la ola de frío del 2008 y la crisis energética se había superado, De Vido y Baratta siguieron haciendo compras directas de GNL sin licitación.

“Las nuevas provisiones de GNL debieron claramente realizarse a través de procedimientos competitivos que permitieran la intervención de los proveedores más reconocidos en el mercado mundial”, destacó el TOF 7.

Por lo pronto, el TOF 7 decomisó la suma de 40.510 dólares que fuera retenida en el Av. Libertador 2275, piso 10 de la ciudad de Buenos Aires; de USD 4.65 euros y $ 7.150 pesos secuestrada en el domicilio de Chacra del barrio Puerto Panal, Zárate, provincia de Buenos Aires, ambos pertenecientes al imputado Julio Miguel De Vido. Igual destino deberá darse a las sumas de $15.000, 27.000 euros y 25.276 dólares estadounidenses secuestradas en el domicilio de la calle José Hernández al 2000 de C.A.B.A. de la ciudad de Buenos Aires; y la de $136.500 en el domicilio de Carhué, Mapuche Club, Pilar, pertenecientes a Roberto Baratta.