El ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio y ocho dueños de las empresas adjudicatarias de las licencias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la Provincia fueron citados a indagatoria por el fiscal platense, Alvaro Garganta.
La determinación judicial es parte de la investigación por presuntas irregularidades en la concesión de ese servicio que obliga a más de 4 millones de propietarios de autos, camiones, colectivos y transportes a realizar una revisión mecánica periódica. Se sospecha que el ex ministro de Axel Kicillof cometió los delitos de “cohecho” (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. El ex funcionario que responde al esquema del ex candidato presidencial Sergio Massa deberá comparecer el 15 de diciembre a las 10, según el dictamen al que accedió Clarin.
La causa penal que se instruye en la Justicia ordinaria de La Plata es una de las que se iniciaron contra el ex funcionario, luego que se comenzaron a hacer públicas los planteos por episodios irregulares en esa dependencia provincial. En el fuero Federal de Campana, otro juez lo imputó y tiene la sospecha de que D'Onofrio es responsable del delito de “lavado de activos”.
La acusación central de Garganta considera que el Ministro manipuló la licitación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) para asegurar su adjudicación a siete compañías preseleccionadas. A cambio de estas concesiones por diez años, las empresas presuntamente desviaron sumas por más de $ 4.900 millones a través de "una compañía interpuesta".
El escrito detalla numerosas irregularidades en el proceso licitatorio, incluyendo la aceptación de ofertas con documentación incompleta y la participación de empresas sin la debida registración legal o experiencia previa en el rubro, "lo cual demuestra un claro direccionamiento a favor de los adjudicatarios", según la presunción fiscal. Las pruebas reunidas por la fiscalía sirven para sostener que "la descalificación de otras ofertas resultó en una ausencia total de competencia en las catorce zonas licitadas".
El mecanismo ilegal utilizado para canalizar el dinero que llegaría a los funcionarios involucrados fue la implementación de una "empresa interpuesta". O sea una firma que en el medio se quedaba con parte de la recaudación. Se llamó Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (Soluciones SA) y las autoridades de Transporte obligaron a las adjudicatarias de la VTV, la contratación de esta firma como "condición" para quedarse con alguna de las licencias.
¿Para qué era esa intermediaria? "La empresa Soluciones SA fue contratada por las siete empresas adjudicatarias (Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA, y VTV Noroeste SA) para la implementación de "innovaciones tecnológicas" para la gestión del servicio de VTV", escribió Garganta. Se resume en esto: Soluciones se encarga (todavía) de administrar la gestión de turnos.
Sí. Por direccionar los turnos de los usuarios del servicio, esa empresa se queda con entre el 3% y el 8,5% del costo de la VTV. Cada vez que un dueño saca un lugar para hacer la revisión, desde una pagina de internet, Soluciones se queda con una parte. ¿De cuanto?. Para los coches de uso particular hoy el paso por los talleres cuesta $ 79.000 y para los que pesan más de 2.500 kg (camionetas, camiones chicos, etc) el precio es $ 143.000.
O sea: Soluciones se queda con un mínimo de $ 2.500 pesos y hasta $ 11.000 por poner un software que otorga turnos.
Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (Soluciones SA) al momento de los hechos investigados estaba a cargo de Sebastián Andrés Desio, un hombre cercano al equipo de D'Onofrio y que tenía vínculos con el Frente Renovador. Compró la empresa cinco días antes de que se le concediera el servicio en el ministerio de Transporte (el 10 de mayo de 2023). También era dueño de una inmobiliaria que alquiló inmuebles para la repartición que se creó durante la gestión de Kicillof. Hasta entonces, era una subsecretaría del ministerio de Obras y Servicios Públicos.
El gobernador la cedió al massismo como parte de los acuerdos con el Frente de Todos, que accedió al gobierno en 2019. D'Onofrio renunció a fines de 2024, cuando escalaron las denuncias que derivaron de estas denuncias.
Hace 11 días, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al ex ministro de Transporte bonaerense, por presunto lavado de activos de origen ilícito. Además, el magistrado ordenó un embargo por $350 millones.
La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.
Además de D'Onofrio, fueron citados los empresarios Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Todos –sostiene la Justicia penal provincial- tuvieron vínculo directo con el ministerio y fueron adjudicatarios de la Verificación Técnica Vehicular.