A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Gobierno pidió explicaciones sobre los balances de la AFA y la Superliga. La intimación es sobre más de 450 millones de dólares que tienen observaciones en los estados contables de los dos entes.

“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$ 111.000.000 y (US$) 340.000.000, respectivamente”, informaron desde el Ministerio de Justicia en un comunicado de este miércoles, en el que afirmaron que “la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, resaltaron.

La medida no detalla años de los balances, aunque ordena que tanto la AFA como la Superliga -un sello que ya no está en funciones- deben "brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas". "Sin excepciones", remató el mensaje oficial del ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

El Gobierno, a través de la IGJ, advirtió que "la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos".

La mención a la Superliga viene a cuenta porque, según fuentes de Justicia, los reclamos de la IGJ datan sobre observaciones de incluso ocho años atrás. Y llegan a la Liga Profesional, el ente que reemplazó al nombrado junto a la AFA en el texto subido a redes por el ministerio.

La Superliga se creó en 2017, mismo año en que Claudio "Chiqui" Tapia llegó a la presidencia de la AFA. Tenía autonomía y estatuto propio. El último jefe, por caso, fue Marcelo Tinelli. Su desaparición ocurrió justo antes del encierro por la pandemia de coronavirus y ya cuando el fútbol retomó su actividad nació la Liga Profesional, que actualmente comanda los lineamientos de la Primera División del fútbol argentino.

La diferencia, desde esta nueva denominación, es que el presidente es el mismo Claudio Fabián Tapia y nombró como CEO a Francisco Duarte. La requisitoria de la IGJ incluye a ambas: Superliga y Liga Profesional.

“Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios”, sostuvo el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo. “La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó ante Clarín, a tono con lo consignado en el comunicado oficial.

La IGJ anticipó que podría poner un informante en la AFA y otro en Barracas Central

Con el escándalo alrededor de Tapia, los de la AFA, Pablo Toviggino, y las investigaciones por evasión fiscal y lavado de la financiera Sur Finanzas, el Gobierno viene avanzando de a casilleros en su cuestionamiento a la dirigencia del fútbol. Desde que el presidente Javier Milei se bajara del viaje para asistir al sorteo del Mundial, hubo medidas de organismos públicos hasta una denuncia de la senadora Patricia .

En ese sentido, el Ministerio de Justicia no fue ajeno. Este sábado, Vítolo, a cargo de la IGJ, ya había abordado en una entrevista la negativa de AFA a dar información de sus balances. Y si bien minimizó las posibilidades de una intervención del Gobierno en la entidad, adelantó que se evaluaba designar a un informante para conocer "los números secretos" del ente rector del fútbol argentino.

"Podemos pedir que el Ministerio de Justicia intervenga", contestó, tajante Vítolo cuando le preguntaron qué podría hacer ese organismo de continuar las resistencias a cumplir con las normas de brindar información.

Luego, el funcionario negó que se vaya a intervenir la AFA. Y explicó. "Si hay algún grado de intervención no va a ser de ninguna manera vinculada con la administración ni con el fútbol, va a ser una cosa puntual que es la designación de un veedor informante para que abra estos números secretos que la AFA tiene", remarcó a Clarín.

Vítolo comentó que los balances contienen "cifras muy difusas. "Es necesario aclarar en qué se gastó la plata por nuestra función de control de empresas y sociedades sin fines de lucro", insistió.

La designación de un veedor y una eventual multa para el caso de que sigan sin contestar la tiene que decidir el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El funcionario sostuvo que la AFA no puede alegar, desde el punto de vista legal, que se mudó a Ezeiza y quedó bajo jurisdicción del gobierno de Axel Kicillof porque la IGJ no autorizó el cambio del estatuto con esa modificación del domicilio legal de la entidad futbolística.

"Esto no es un ataque, es cumplir con la ley que nos obliga a controlar a todos los inscriptos" en el organismo nacional, subrayó.

En cuanto a Barracas Central, que presidió Tapia antes de pasar a ser presidente de la AFA y ahora quedó en manos de su hijo, dijo que "hace 10 años que no presenta balances". Aclaró que el club puede aprovechar una moratoria abierta hasta el 30 de junio. Pero el funcionario advirtió que, de lo contrario, también se estudiará el envió de un veedor y una eventual multa.

Por su parte, Graciela Ocaña reforzó la necesidad de nombrar un veedor en la AFA. En un escrito presentado ante la IGJ, la legisladora porteña consignó que "desde hace años sus autoridades intentan eludir todo tipo de control y se escudan en que no son un ente estatal".

"Pese a los innumerables pedidos de acceso a la información que he realizado a la AFA, nunca fueron contestados y urge que el Gobierno controle a la entidad", señaló Ocaña.

DS