El Gobierno recalcula. Después de la media sanción del Presupuesto en Diputados, con gusto a derrota, en la mesa política de Javier Milei aceptan que no habrá ley hasta febrero o incluso bien entrado el segundo mes del año. Lejos quedó la aspiración de tener el primer presupuesto en tres años antes del 31 de diciembre. Apuestan a introducir modificaciones en la Ley de discapacidad que el Ejecutivo intentó derogar sin éxito en la maratónica sesión del miércoles y jueves a la madrugada. Se reparten culpas y apuntan contra gobernadores aliados, quienes acusan al Gobierno de mala praxis.

En los despachos más importantes de la Rosada y del Congreso difieren sobre el alcance de los cambios que quieren introducir. En la plana mayor del oficialismo reconocen que no tienen poder de fuego para incorporar en la Cámara Alta la derogación de la Ley de discapacidad y de fondos para las universidades, la eliminación de las zonas frías, la compensación de las deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y que también aseguraba el pago a la Ciudad por la coparticipación. “Si no salió en Diputados, acá no sale”, advierten en la conducción del bloque libertario en el Senado, que responde a Patricia Bullrich.

En la mesa política del Gobierno argumentan que el principal objetivo es derogar artículos clave de la Ley de discapacidad, que el Congreso logró mantener después de que el Presidente la vetara con el argumento de que tiene un impacto fiscal de cerca de 1.8 puntos del PBI.

Ese detalle se introdujo a último momento en el dictamen que aprobó la comisión de Diputados. Con el resultado puesto en algunas de las terminales más importantes del poder, lo califican como un error estratégico que les hizo perder el favor de gobernadores aliados del norte.

Bullrich había planteado en la Rosada y ante su bloque que era un error incluir temas de Educación y de discapacidad en el Presupuesto, porque ya había sufrido el costo político de la derrota.

Algunos de los mandatarios provinciales aliados del Gobierno se preguntan "quién fue el genio" que decidió incluir todos los artículos con impacto fiscal en el mismo capítulo del Presupuesto.

“El Presupuesto así como está, no sirve”, es la sentencia que transmitieron a Clarín integrantes de la mesa de poder mileísta. Por eso, en el propio oficialismo deslizan el Presidente vetará la ley si se sanciona sin modificaciones. A priori, no es el plan que se trazan en el Gobierno. Bajar su presupuesto, es una alternativa alejada de la realidad por las necesidades financieras del Ejecutivo.

Ministros y aliados advierten que el riesgo de no tener ley de gasto incidirá en los mercados justo cuando el ministro de Economía Luis Caputo busca volver a colocar deuda en el exterior. Por eso, "olvidar" el proyecto como pasó el año pasado tampoco parece una alternativa.

Milei reunió a su mesa política para analizar la sesión maratónica del miércoles y la madrugada del jueves. Hacia afuera comunicaron que la sesión fue un éxito, por tratarse del primer presupuesto de la administración. En privado, las opiniones fueron divergentes. El jefe de Estado llegó a la Rosada pasado el mediodía con una Plaza de Mayo blindada por la manifestación de la CGT y el peronismo contra la reforma laboral.

En el Ejecutivo disimulan los cortocircuitos y las internas silenciadas. Los aliados del Gobierno como Cristian Ritondo que sintonizaban con Santiago Caputo apuntan contra la conducción política de los primos Eduardo y Martín Menem, principales alfiles de Karina Milei.

“Hay que preguntarles a ellos cómo se hace el Presupuesto con más déficit de la historia. Pagaron 130 mil palos de ATN a los gobernadores del norte y no les cumplieron”, dicen en el bloque macrista, furiosos por la inclusión en la sesión de las designaciones en la Auditoría General de la Nación, que se llevó el peronismo. Ritondo ya adelantó que judicializará ese tramo de la sesión por inconstitucional. La semana pasada el Gobierno había reabierto el grifo de los aportes del Tesoro.

El artículo 63 de la Constitución prevé que en extraordinarias sólo se pueden tratarse temas enviados por el Ejecutivo o que estén vinculados a la administración de la Cámara. En el PRO señalan que el oficialismo habilitó un precedente peligroso, porque permitiría que la oposición junte 130 votos para llevar otros temas al recinto en febrero. La bancada amarilla no quiere ayudar más con el quórum -que el miércoles estuvo a punto de no lograrse- y señaló que solo votará los proyectos que acompañe.

En la Rosada y en el Congreso prefieren apuntar contra gobernadores cercanos, de diferente signo político y hasta aliados electorales en las últimas elecciones. Entre los primeros se cuentan Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén). Entre los segundos incluyen a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Todos ellos habían recibido fondos frescos, de jubilaciones garantías para endeudarse, recursos comprometidos y atrasados en las últimas semanas y posaron repetidas veces con ministros como Diego Santilli y Luis Caputo. “El Gobierno perdió votos que contaba como positivos y votaron en contra”, cuestionaron.

A Cornejo lo señalan porque la jefa del bloque de la UCR Pamela Verasay, del riñón del cacique radical, no logró garantizar los votos de su bloque, donde también tienen asiento legisladores de otros gobernadores que no responden al mendocino. Algo parecido ocurre con Rogelio Frigerio (PRO), de Entre Ríos, que no pudo garantizar el voto del radical Darío Schneider, que él incluyó en la boleta que compartió con LLA.

Los socios electorales del Gobierno se sienten apuntados y están furiosos. En Entre Ríos argumentan que a Frigerio no lo llamaron y recuerdan que dejó el diputado que él puso se sumó al bloque libertario. En Mendoza califican los errores del Gobierno como mala praxis política y comparan el fracaso con otros fracasos del oficialismo en el Congreso.

Los dos gobernadores vivieron de cerca de la presidencia de Mauricio Macri, uno como gobernador y jefe de la UCR, y el otro como ministro del Interior y no desconocen las consecuencias de errores legislativos en estas instancias. "Este gobierno se parece cada vez más al de 2017", señaló alguien que los conoce con el recuerdo fresco de la reforma jubilatoria de ese año.

Las designaciones en la AGN también los tomaron por sorpresa. "Les pegan a los que los ayudan y los otros les votan en contra", se indignaron aliados electoras del Gobierno. Hubo llamados con pedidos de explicaciones a los Menem y a Diego Santilli.

Con los peronistas del norte la decepción en la Rosada es mayor después de que le prestaran el favor de llevarse diputados de UxP. En los croquis del oficialismo no descartaban la posibilidad de que el presidente de la Cámara tuviera que desempatar la votación. Nada de eso pasó.

El trámite express de la reforma laboral también perjudicó la estrategia del oficialismo, según la interpretación de algunos actores relevantes, que cuestionan las formas de Bullrich en la Cámara Alta.

Cerca de los principales negociadores del Gobierno reparten culpas y evitan cargar sobre algunas de las cabeceras de la mesa de poder que lidera Karina Milei. “Es responsabilidad de todos, pero es un aprendizaje para lo que viene, lo bueno es que hay tiempo”, desdramatizaron los más optimistas.