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La pelea por el bloque del centro y acoso amigo en Provincia contra Kicillof

La pelea por el bloque del centro y acoso amigo en Provincia contra Kicillof

Pelea final por el bloque de centro

La tarea más importante de los tres días que quedan antes de la sesión preparatoria del miércoles en Diputados no es tanto decidir quién se queda con la mayoría y la minoría. Es saber si los bloques que están afuera de la polarización peronismo-no peronismo pueden organizar un espacio “del medio”, el centrão (gran centro) que arbitre entre esos dos polos.

Es en lo que trabajan desde hace una semana los dirigentes que se referencian en el radicalismo, la agrupación Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y alguna marca más. El esfuerzo es recrear el entendimiento que existió entre las fuerzas de centro bajo el anterior gobierno peronista que unió al PRO, la UCR y la Coalición Cívica en un interbloque.

Eran otros tiempos porque ese arco que manejaban Mario Negri, Cristian Ritondo y Maxi Ferraro llegó a reunir 100 diputados que se juntaban en la oficina de Negri pero que administraba una mesa de coordinación que resolvía los proyectos de cada bancada sin imponerse una formación sobre la otra.

En Diputados no existen formalmente los “interbloques”, pero jurisprudencialmente se reconocen esos entendimientos que el reglamento llama “espacios políticos”. Esta vez negocian contrarreloj Provincias Unidas, la UCR, Encuentro y la Coalición Cívica con la expectativa de controlar unos 26 diputados nacionales.

La llave del final se conocerá el mismo miércoles, cuando se reúnan Miguel Pichetto y el gobernador de Santa Fe Maxi Pullaro. El bloque de Provincias Unidas reúne a diputados de provincias cuyos gobernadores buscarán la reelección en 2027 -Pullaro en Santa Fe, Martín Llaryora en Córdoba y Nacho Torres en Chubut-.

Ese proyecto es un ancla que le da al nuevo centro una fisonomía que complica la convivencia interna del entendimiento. A esos tres distritos se suman Martín Lousteau y Mariela Coletta, radicales de CABA, comprometidas en 2027 con la suerte de Jorge Macri, socio de los radicales en CABA, que también buscará reelegir, y con la intención perenne de Lousteau de competir por la jefatura porteña.

Con esos compromisos les cuesta mucho reconocer que el jefe del entendimiento sea Pichetto, jefe de Encuentro. Les cuesta reconocer ese liderazgo también a la Coalición Cívica, que integró antes el bloque de Encuentro. Pullaro propone para coordinar ese arco a Gisela Scaglia, hoy vicegobernadora, presidenta del PRO de Santa Fe a la que le han reivindicado como ex militante de la Juventud de la UCR.

El Gobierno los prefiere débiles

Pichetto, el diputado con más seniority en la oposición razonable, no se sentará en una mesa donde se trabaje para la candidatura de un gobernador. Reclama, a cambio de admitir la participación de Encuentro en ese entendimiento mayor, que haya un proyecto presidencial o de poder nacional que sea el marco de los proyectos provinciales.

De esa charla Pullaro-Pichetto del miércoles surgirá la posibilidad de que ese arco de 26 diputados pueda disputar la integración de comisiones y algún cargo de autoridad en la cámara. Pichetto no quiere ese tipo de cargos. Juan Schiaretti, el otro dirigente potente que integra ese grupo podría ser designado como vicepresidente de la cámara, lugar que ocupaba hasta ahora el saliente Julio Cobos.

El Gobierno preferiría que este espacio-árbitro nunca llegue a crearse. Y si ocurre, prefiere que Scaglia sea la coordinadora del grupo. La relación con un gobernador la hace vulnerable a presiones.

El Gobierno los prefiere débiles y ha demostrado desde siempre recelos hacia Pichetto, que ha dominado hasta ahora en el Congreso por su experiencia y personalidad, seguirá haciéndolo, pero el Gobierno prefiere que no lo haga desde ningún cargo de relevancia. No saben en la que se meten.

El mito de la mayoría propia

El sueño de la mayoría propia es otro de los prejuicios pequeñoburgueses de los políticos criollos. Si no que lo diga Axel Kicillof. Ha gobernado con mayorías relativas desde 2019 en Buenos Aires, ganó la reelección, aplastó a Vidal en 2019 por 14 puntos y renovó el poder provincial por la misma diferencia el pasado 7 de septiembre.

Obtuvo el 26 de octubre un casi empate con el no peronismo -perdió apenas por centésimas en la disputa Jorge Taiana vs. José Luis Espert/Diego Santilli-. Pese a esos logros que ha acumulado, tambalea su gestión por el doble acoso de sus aliados en Buenos Aires. Entre el cristinismo que maneja el infante Máximo y los socios de Sergio Massa, lo están ahogando financieramente porque le niegan la autorización legislativa para endeudarse.

Antes lo arrinconaron con proyectos que le quitaban atribuciones de gobernador como la creación de un fondo para ayudar a los municipios que iba a manejar la Legislatura, después un fondo para ayudar clubes de la Provincia también en manos de legisladores. La tercera embestida fue cuando le quisieron arrebatar la facultad de disponer la fecha de las elecciones para impedir que desdoble las fechas electorales.

Si Axel no cede en las peticiones de cargos y otras prebendas de la propia tropa del peronismo, ya se habla de no poder pagar los sueldos, etc. El Gobierno nacional, además, ejerce sobre la Provincia una táctica de acoso directo, no está dispuesto a darle nada. Si su gobierno cae será por obra del trato de sus propios amigos del peronismo y del no peronismo, cuando Javier Milei fue un invento de Massa en Buenos Aires.

Tampoco ayuda a Axel la fuerza de sus posiciones. No ha aprovechado las posibilidades de negociar cediendo poder, que es la manera de conservar y de ganar poder. ¿De qué le sirve convertirse en un héroe de la resistencia cuando le quedan solo dos años de mandato, no tiene reelección y su plan B es o una candidatura presidencial e irse a la casa?

Nadie le va a pagar haber resistido ante el cristinismo, tampoco haber intervenido en la resistencia ante el mileísmo. Ese tiempo ya pasó y tiene chances hacia adelante si sale del entuerto, refina su capacidad negociadora y avanza por el estrecho sendero que le queda en los próximos dos años.

La política no se creó para pelearse, existe para ponerse de acuerdo. No haberlo hecho, lo llevó a Milei al borde del abismo hasta que apareció la caballería de [Donald] Trump a tirarle unos mendrugos.

Últimas trincheras en acción

“No soy una zorra de un momento, soy el laberinto del que no puedes salir”, dice la bella y sabia Rosalía, que ha descendido sobre nosotros como una bendición pop. No habla de la política, pero bien podría aplicársele porque la política es un negocio al que es fácil entrar, pero muy difícil salir. Por eso en todo final de legislatura festejan los que llegan y también los que se fueron.

El peronismo ha logrado en los dos primeros años de este mandato presidencial que la Auditoría General de la Nación (AGN) haya quedado en manos de un militante de su partido. Vencieron los representantes de las dos cámaras del Congreso y Juan Manuel Olmos, que fue vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, ejerce el unicato en la AGN en los tiempos cuando debería examinarse los gastos de su propia gestión de gobierno entre 2019 y 2023.

Lo ayudó el Gobierno, que hizo lo imposible para abortar todos los acuerdos que había en las dos cámaras para integrar esa representación. Embalado por ese regalo del cielo, Olmos presentó como proyecto de trabajo de la AGN del año que viene, una ampliación de 50 áreas que incluyen medidas del gobierno de Milei.

Entre ellas está el destino del oro de Banco Central, los affaires de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso del fentanilo, etc. El oficialismo contraatacó con un proyecto para reincorporar algunos casos del gobierno de Alberto Fernández como el caso de las vacunas COVID, etc.

Eso trabó las últimas sesiones de la Bicameral Revisora de Cuentas, que se convirtió en la última trinchera de combate de una guerra que ya terminó. Esas peleas estaban atadas a la campaña electoral y se zanjará este jueves en la última sesión de la Bicameral del año.

A descorchar champán

Este cruce de reproches de fin de temporada ese repite cada dos años. El próximo 10 de diciembre habrá brindis con champán en algunos rincones discretos de la colectividad política. Se cumplen los años después de los cuales un exfuncionario no puede ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito.

Festejarán todos los que gobernaron con Alberto Fernández. A partir de ese día ya no se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio. Ese lapso de dos años lo ratificó la última reforma del Código que se aprobó en 2017 en el llamado Régimen de Responsabilidad Penal.

En la nueva versión del artículo 268 bis del Código dice que "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño".

La reforma agravó la multa, que antes era de la mitad de lo apropiado por el funcionario. Fiscales y pesquisas están con la lupa atentos a ese vencimiento, como los posibles implicados, que cuentan los días, agazapados, para descorchar champán en la medianoche del 9 de diciembre, jornada que la ONU ha designado como el Día de la Lucha contra la Corrupción.

Bien podría llamarse el 10 de diciembre el Día del Jubileo del Corrupto. La figura del enriquecimiento ilícito fue creada por el Congreso en tiempos de Arturo Illia y tiene una singularidad: invierte la carga de la prueba y obliga a que el funcionario o exfuncionario deba demostrar su inocencia.

Hasta 1999 el delito tenía un plazo mayor de prescripción, pero cuando Fernando de la Rúa hizo discutir la creación de la Oficina Anticorrupción, el peronismo del Congreso le cobró el voto achicando la posibilidad de persecución a solo dos años después de dejar el cargo.

En una revisión que mereció el 268 bis en noviembre de 1999 cuando se aprobó la Ley de Ética Pública, el peronismo logró mantener los dos años, lapso que repite la reforma que se votó el 1° de diciembre de 2017.

Final con tumulto

Un final de legislatura es siempre ocasión de tumulto. El que comienza en diciembre agranda esos efectos por el salto de cantidad del oficialismo que, si no se le cruza un patito negro (ni siquiera hace falta un cisne para impedirlo), le puede arrebatar la primera minoría en Diputados al peronismo desde el 10 de diciembre.

El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos y ha pagado lo que hacía falta para acercarse al electorado del no peronismo que hasta ahora representaba Cambiemos, y ha precipitado una catarata de borocotismo y transfuguismo sin precedentes. Podrá ir ahora a los organismos de crédito a decir que ya tiene el apoyo del Congreso para lo que guste mandar.

La incapacidad de los dirigentes del peronismo y del no peronismo para entender el proceso les ha hecho perder unidad y músculo al PJ, el PRO y a la UCR, que han visto reducida su representación formal a extremos inesperados.

El peronismo sigue atado a la tobillera de Cristina de Kirchner, el PRO ha trasladado a sus jerarcas máximos al gabinete de Milei y a los bloques de LLA en las dos cámaras, y la UCR tiene que elegir dentro de dos semanas nuevo presidente y no hay nadie que quiera hacerse cargo de la franquicia.

Se aparta de ese clima Silvia Lospennato, a quien se le cumple lo que le dijo a este diario hace una semana: “Si por mí fuera asumiría como legisladora”. Se lo pidió Mauricio Macri a pedido de Cristian Ritondo, que no la quiere en el bloque porque es una librepensadora.

Si quedara en Diputados sería por lo menos secretaria del bloque, algo que Cristian tampoco quiere. La premia Jorge Macri con la promesa de que será jefa del bloque PRO en la legislatura y un boleto para pelear en 2027 una candidatura a vice jefa de gobierno.