La justicia en lo Penal Económico levantó el secreto fiscal y bancario de Maximiliano Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en una causa por presunto lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la medida se tomó para dar inició a la investigación penal en la que ya se pidieron informes patrimoniales y de movimientos de dinero de Vallejo, de otras personas y de empresas que según denunció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) podrían estar vinculadas a una trama de lavado de dinero.

Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una financiera que muchos vínculos con clubes del fútbol argentino a las que llegó de la mano de Tapia. La financiera fue auspiciante en las camisetas de Banfield, de Racing, de Atlanta, de Deportivo Morón, de Platense y de Barracas Central, el club de Tapia. También en clubes del ascenso como Atlanta y de Deportivo Morón.

Pero la empresa tiene una presencia más fuerte en el fútbol argentino: desde 2023 la copa de la Liga profesional lleva su nombre: "Copa Sur Finanzas".

La financiera volvió a ser noticia la semana pasada cuando fue allanada en la causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que adelantó Clarín el fin de semana. La Policía Federal allanó la sede de la empresa porque habría sido un vehículo para blanquear el dinero de las coimas que se pagaron.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Franco Picardi llegaron a Sur Finanzas porque en los mensajes encontrados en los teléfonos de uno de los principales acusados, Miguel Ángel Calvete, se hablaba de invertir fondos en criptomonedas a través de la aplicación ´NEBLOCKSHAIN´. Esa aplicación es de Sur Finanzas.

Pero Vallejo y su empresa están involucrados desde el año pasado en otra causa judicial por presunto lavado de dinero. Se trata de un expediente que se inició por el reporte de operaciones sospechosas de "CONSTRUCCIONES TAR SA", una compañía de Vallejos.

que en principio no tendrían justificación ni documentos que los respalden.

La denuncia de la PROCELAC quedó a cargo de la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia y del fiscal Emilio Gueberoff. En el expediente se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo, de su madre -Graciela Beatriz Vallejo-, de otras cinco personas y empresas.

Eso permite acceder a información patrimonial y económica de las personas que está protegida. Con eso se comenzaron a tomar otras medidas. La justicia le solicitó a la AFIP, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), otras entidades bancarias y tarjetas de crédito para la información vinculada a Vallejo y sus empresas.

También se pidieron informes a registros de propiedad del automotor, del inmueble y de embarcaciones y movimientos de dinero al exterior. "Parte de esos pedidos de documentación ya fueron contestados y de otros estamos a la espera de recibirlos", le dijo a este medio una fuente que trabaja en la causa judicial.

En la causa está colaborando la División de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina. Será la fuerza encargada de analizar toda la documentación y de hacer el informe final patrimonial y financiero, lo que será clave para determinar si se avanza en una acusación formal contra Vallejo y se lo cita a indagatoria.

El empresario conoce la causa desde adentro porque ya designó dos abogados que hasta el momento no hicieron ninguna presentación en el expediente.