La causa contra el dirigente K Juan Grabois por la toma del ex Instituto Perón tuvo en las últimas semanas una cadena de resoluciones, recursos e intervenciones periciales que mantienen la causa en un estado de tensión permanente y un retraso de casi seis meses.

Las principales controversias giran en torno a los planteos del líder del Frente Patria Grande y su intento por frenar la investigación, pese a los fallos que ya tiene en su contra, en la causa que investigan el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Rívolo.

El 7 de junio pasado, Grabois y un grupo de militantes había usurpado las instalaciones del ex Instituto Perón que pertenece al ministerio de Capital Humano y se encuentra al lado de la biblioteca Nacional.

Con una serie de pedidos de nulidad, recusaciones y otras medidas Grabois logró -por ejemplo- retrasar por casi 6 meses la apertura de su celular para saber si participó de la toma, como abogado según su coartada, o como activista de la usurpación que terminó con actos de violencia, rotura de vidrios y policías heridos.

En fuentes judiciales se estima que la ex presidenta Cristina Kirchner la designó como nuevo abogado de su defensa en el juicio oral por el encubrimiento de cinco iraníes en el atentado contra la AMIA por esta estrategia dilatoria que suele usar en los juicios que tiene abiertos. También para "premiarlo" porque hizo estallar el escándalo contra el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert por el pago de 200 mil dólares que le hizo el empresario Fred Machado, acusado en EE.UU. por vínculos con los narcos.

El 22 de septiembre, cuando la defensa del coimputado Peralta presentó un listado de testigos en su favor. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettobello, a través de sus abogados respondió objetando la medida, señalando que algunos declarantes propuestos podrían ser coimputados, lo que abrió un nuevo foco de conflicto. El 30 de septiembre, el juzgado hizo lugar a la preocupación del Ministerio y resolvió esperar un informe de la PFA sobre la identificación de otros posibles involucrados, informaron fuentes judiciales a Clarín.

El trámite se intensificó en octubre. El 3 de octubre, la División Requerimientos Judiciales de Imágenes de la PFA pidió a la Fiscalía que precisara la franja horaria a analizar en los videos del caso. Ese mismo día, el Ministerio volvió a empujar la investigación: reiteró medidas de prueba y propuso un rango temporal. La Fiscalía acompañó el impulso probatorio.

Luego de ello, el 17 de octubre, la Cámara Federal de Casación rechazó por inadmisible el Recurso Extraordinario presentado por Grabois, quien buscaba la nulidad total de la causa. La decisión dejó en pie la investigación y bloqueó, por el momento, su intento de frenar el expediente. Ese mismo día, el Ministerio pidió avanzar con la extracción forense de los teléfonos, una medida que considera clave y el juez sigue posponiendo.

Pero el juez Ramos optó por la cautela: decidió no avanzar —por ahora— con el pedido del Ministerio, a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la queja que la defensa de Grabois, luego de que Casación le negara nuevamente el acceso al máximo tribunal. Grabois asume el 10 de diciembre como diputado nacional de Unión por Patria y tendrá fueros paralamentarios.